El PDECat pide al Congreso respeto al referéndum de Puigdemont
Podemos y los comunes darán un apoyo crítico a la iniciativa de Jordi Xuclà
La iniciativa prepara el terreno para una negociación posterior a la celebración de la consulta unilateral
El pleno del Congreso de los Diputados discute hoy una moción presentada por el Partit Demòcrata cuya aspiración es establecer un marco de diálogo institucional para el 2 de octubre, el día siguiente al fijado para el referéndum unilateral anunciado por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.
El texto, firmado por el diputado del PDECat Jordi Xuclà y que fue reformado tras el anuncio de la consulta –lo que supone que no podrán admitirse enmiendas ni votarse por separado cada uno de sus cuatro puntos– propone que el Congreso del los Diputados inste al Ejecutivo de Mariano Rajoy a “respetar la decisión adoptada por el president de la Generalitat relativa a la celebración de un referéndum el próximo 1 de octubre (...) después de reiteradas llamadas al acuerdo”. Esta posición de “respeto” está inspirada por el primer referéndum celebrado en Quebec, en 1980, convocado por el gobierno de la provincia de forma unilateral y posteriormente (tras el triunfo del no, casi por un 60% de los votos) fue asumido por el Ejecutivo canadiense.
En el segundo punto de la moción el Parlamento da la bienvenida a que Puigdemont pueda comparecer ante el Congreso de los Diputados (antes o después del 1 de octubre) para defender su iniciativa soberanista, de cara a abrir una negociación que permita “abordar, desde el diálogo, la posibilidad de articular respuestas compartidas”. Y el tercero, establece el marco para que el Congreso sea el foro de un proceso de negociación posterior al 1 de octubre, lo que, aunque no se especifica, puede concretarse en la creación de una comisión parlamentaria específica para abordar la crisis territorial y la situación de Catalunya, como proponía una moción firmada por el exportavoz de PDECat Francesc Homs, o bien como la registrada por el portavoz de En Comú, Xavier Domènech, pendiente de verse en pleno y que insta la creación de una comisión sobre la crisis del modelo territorial. El punto tercero habla de que, tras el referéndum, la Cámara baja se compromete a “encontrar el espacio institucional parlamentario en el Congreso para dialogar con las autoridades catalanas ante la pérdida de voluntad de diálogo del Gobierno del Estado”. La moción concluye con un exhorto al entendimiento y la lealtad institucional en el ámbito de la colaboración policial, que ahora mismo enfrenta a Gobierno y Generalitat de Catalunya.
Ante la imposibilidad de aceptar enmiendas y de votar los distintos apartados de esta moción consecuencia de una interpelación urgente, el grupo parlamentario socialista ya ha anunciado su voto contra la iniciativa del PDECat. En cambio, Unidos Podemos, En Comú y En Marea sopesan el voto favorable, aunque crítico, toda vez que el primer punto del texto implica un ambiguo apoyo a la acción unilateral del Govern que en último término es ajena a la hoja de ruta que apoyan el grupo confederal, según fuentes de la formación. En todo caso, la posición de la formación morada y sus confluencias, cuyo voto afirmativo vendrá acompañado de una crítica a la fórmula elegida por el Partit Demòcrata, persigue mantener abiertas las vías de diálogo tanto con la formación soberanista como con el gobierno catalán, de cara a una eventual solución negociada.
En este contexto, la portavoz del Govern de la Generalitat, Neus Munté, replicó las afirmaciones
El Govern replica a Santamaría que tras el 1-O el diálogo será para “aplicar el resultado del referéndum”
realizadas el día anterior en Barcelona por la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, en el sentido de que después del primero de octubre sería posible el diálogo y la negociación con Catalunya con la advertencia de que “el 1-O se celebrará el referéndum” y de que “el 2-O ofreceremos diálogo para poder implementar el resultado del referéndum”. El Govern considera que si el diálogo no ha sido posible hasta ahora no es por su culpa, sino porque “el ambiente generado por el Gobierno español ha sido el de la judicialización y las amenazas”.