La policía desmonta un vasto fraude de derechos de autor musicales vía SGAE
Una veintena de detenidos por estafar 50 millones al año con música basura en TV
El sistema era tan complejo como cutre, y lo peor es que se conocía desde hace cuatro años. Un grupo de presuntos corruptos entre los que habría asociados de la Sociedad General de Autores (SGAE) y algún antiguo empleado, más distintos estafadores relacionados con la producción televisiva formaron una red corrupta para generar hasta 50 millones de euros anuales en derechos de autor por emitir piezas de música basura en programas nocturnos de bajísima audiencia o en otros diurnos donde se reproducían a un volumen inaudible. El pufo, denominado La Rueda, lo denunció en el 2013 el entonces presidente de la SGAE, el creador gallego Antón Reixa, que fue cesado a los pocos meses y hoy asocia su destitución, precisamente, a tal denuncia. La policía desmontó ayer el tinglado con la detención de una veintena de personas y el registro de 16 entidades, entre ellas la SGAE y TVE.
Si uno pone la tele a las tres de la mañana y zapea un poco, seguro que más pronto que tarde se topa con algún tarotista que lee las cartas y el futuro a todo aquel que llame al número de teléfono rotulado en la pantalla. De fondo suena una pieza ligeramente familiar. Puede parecer de Bach, Mozart, Chopin o Albinoni, pero en realidad es una versión de alguna de sus composiciones con arreglos que la estropean pero que, merced a las lagunas de la ley correspondiente, permiten generar derechos de autor; no como las propias obras clásicas, que obviamente pertenecen al dominio público desde hace siglos. Los mafiosos encargaban la modificación de esas piezas y su interpretación a estudiantes de cualquier conservatorio y a músicos en paro, a veces procedentes de países del Este: sus
negros. Y luego registraban los temas como si fueran originales a nombre de testaferros.
En virtud asimismo de otras faIrrati llas reglamentarias, los derechos de autor resultantes, cuyo abono realizaba la SGAE, no guardaban una relación mínimamente razonable con la audiencia de los programas donde las chapuzas musicales se emitían. La concienzuda utilización de estas brechas legales se combinaba con el uso de la consabida ingeniería societaria para crear empresas pantalla –en este caso editoriales–, así como con la compra de las voluntades necesarias.
La redada que ayer puso fin al negocio y terminó con la impunidad de sus partícipes corrió a cargo de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Policía Nacional, que, en coordinación con el juzgado número 2 de la Audiencia Nacional, practicó al menos 18 arrestos, 16 registros y 20 requerimientos de documentos. Además de la Sgae, las entradas y demandas de información afectaron a Televisión Española, Telemadrid, Euskal
Telebista, Castilla-La Mancha Televisión, Radiotelevisión Canaria, Televisión de Aragón, TPA, del Principado de Asturias, y televisión autonómica Murcia 7RM, así como a Mediaset y Atresmedia (en estos casos sólo requeridas para aportar datos, según precisaron).
Las detenciones y probables imputaciones se basan en el “enriquecimiento injusto” de los artífices del fraude mediante falsos compositores cuya actuación “perjudica gravemente al resto de autores que no pueden acceder a emitir su música” sin prestarse a entrar en La Rueda.
Para conseguir que la música basura se emitiera, los mafiosos que iniciaron el chanchullo captaron cómplices en las distintas televisiones que, a modo de intermediarios, hicieron posibles las emisiones bajo soborno.
La SGAE, sacudida desde hace años por sucesivos escándalos y causas judiciales, indicó en un comunicado que la actuación policial se deriva de una orden de la Fiscalía sobre “una presunta trama de una serie de autores y editoriales vinculadas a diferentes televisiones del país por aprovecharse del reparto de los derechos de autor televisivos en la franja nocturna”. Y aclaró que la asociación “está ofreciendo toda la información y colaboración para ayudar en la investigación de unos hechos que datan desde el año 2006 hasta el 2011”. Las indagaciones “no afectan a la SGAE como sociedad sino a algunos de sus asociados entre los más de 120.000 que forman parte de ella, así como a un extrabajador”, subrayó un portavoz.
El pufo, basado en ‘arreglar’ clásicos para generar derechos de autor, lo denunció Reixa hace cuatro años