‘Le président malgré lui’

Carles Puigdemont es un verso libre. Sus frases disonantes –desde la comparación entre la democracia española y la turca hasta la simetría entre la persistencia en la lucha contra ETA y los ideales soberanistas– se las dicta su conciencia. En el pasado escribió discursos para otros políticos; ahora es él quien los lee como president. Entró en el Palau de la Generalitat por la puerta de servicio –a Artur Mas y al proceso– y quiere salir por la puerta grande con el encargo cumplido. Interpreta el papel de Le président malgré lui, parafraseando la célebre obra de Molière. Ya ha dicho que no se presentará a la reelección. Y está dispuesto incluso, según ha comentado a algunos de sus interlocutores, a pasar por la cárcel.

El tiempo apremia. El 12 de julio se cumplirán los 18 meses de su toma de posesión, el plazo fijado en las elecciones plebiscitarias del 27-S del 2015 para llevar a buen puerto el proceso. Puigdemont ya ha anunciado la fecha y la pregunta del referéndum. Es la única concesión que ha hecho: retroceder a la pantalla anterior, es decir, a la del 9-N del 2014. El mandato era otro: la elaboración de un proyecto de Constitución catalana con la participación de la sociedad civil y la puesta en marcha de las estructuras de Estado con las leyes de desconexión. Al final de los 18 meses, una vez culminados estos dos procesos, el Parlament debía convocar elecciones constituyentes, aprobar la nueva Constitución y someterla a referéndum. La Asamblea Constituyente, según estableció el propio Parlament, dispondría de plenos poderes: “Ninguna de sus decisiones será susceptible de control, suspensión o impugnación por ningún otro poder, juzgado o tribunal”. Una asamblea popular, en suma, no sujeta a la división de poderes.

Ahora, en el mejor de los casos, nos encaminamos hacia un 9-N bis: otra consulta unilateral de independencia que no sólo chocaría con la propia legalidad catalana –la reforma del Estatut y el régimen electoral precisan del voto de los dos tercios del Parlament–, sino que carecería de consenso interior, es decir, de su aceptación por parte de las fuerzas políticas catalanas contrarias a la secesión. El consentimiento interno es una de las condiciones sine qua non que ha venido reiterando la Comisión de Venecia en todos los procesos de referéndum en los que ha mediado. La pregunta es la siguiente: ¿vale la pena persistir en una vía que ya produjo notables daños políticos colaterales y que ahora podría dañar el núcleo mismo del autogobierno catalán?

Los políticos, es decir, aquellos que quieren seguir haciendo política tras el 1-O, saben que no. Es el caso de Oriol Junqueras, que en el último año se ha venido presentando ante sus interlocutores políticos, económicos y financieros como el líder capaz de reconducir el proceso. Es el caso también de Marta Pascal y la dirección del PDECat, que pugnan por levantar cabeza frente a la hegemonía de ERC y el núcleo de poder paralelo de Artur Mas. Repito: Puigdemont es un verso libre. Su estrategia tiene el aval de la CUP y de las entidades soberanistas. Es decir, de los sectores situados extramuros de la democracia representativa.

Puigdemont entró por la puerta de servicio –a Mas y al proceso– y quiere salir por la puerta grande con el encargo cumplido