Ocupa en su propia casa

UNA ciudadana de Barcelona alquila un piso de su propiedad a un joven que, a su vez, lo realquila a la plataforma de arrendamientos turísticos Airbnb. La primera obtiene del segundo 950 euros al mes. El segundo, con sus realquileres, llegaba a obtener hasta 8.000 euros mensuales de los clientes que le envía Airbnb... Cuando la ciudadana descubrió el pastel, pidió explicaciones a su inquilino y a la plataforma. No las obtuvo. Por ello, decidió hacerse pasar por alguien que quería alquilar ese piso que ya era suyo y, una vez dentro, atrincherarse en él, como una ocupa. Consideró que este era el sistema más expeditivo para recuperarlo; sin duda, más rápido que si hubiera seguido el protocolo legal.

El episodio tiene ribetes de teatro del absurdo: una propietaria convertida en ocupa de su propia casa. Es también una expresión de los desajustes originados por una demanda desbocada de pisos turísticos, la picaresca de algunos inquilinos que se presentan como tales pero buscan sacar rédito de lo que no es suyo y, por último, la irresponsabilidad de ciertas empresas que se lucran con el turismo global pero no parecen dispuestas a dar la cara ante sus irregularidades.

Hemos reiterado a menudo que el turismo es una golosa fuente de ingresos para España, Catalunya y Barcelona, tanto por los réditos que genera como por la cantidad de puestos de trabajo que crea. Tratar de reducirlo por decreto, únicamente porque su masificación comporta problemas, no nos parece la mejor solución. Se trata de gestionarlo de la manera apropiada para que sus beneficios resulten siempre superiores a sus incomodidades. Para ello es preciso adecuar la legislación a la cambiante realidad, además de perseguir a los que actúan al margen de la ley. Y, por último, es imprescindible exigir a todos los operadores que asuman sus responsabilidades. No puede ser que Airbnb, que se jacta de haber propiciado 180 millones de alquileres de pisos, carezca de filtros para detectar abusos como el que nos ocupa, que por cierto no es excepcional, según se comprueba en las páginas de Vivir de nuestra edición de hoy. Es sabido que los sectores emergentes –y el del turismo en Barcelona todavía puede considerarse como tal– propician muchas oportunidades de negocio, algunas en el filo de lo que permite la normativa. Pero las instituciones deben estar prestas para atajar cualquier exceso. Y los operadores que tantos beneficios sacan de la actual coyuntura no pueden mirar a otro lado y delegar sus responsabilidades cuando se denuncia una injusticia tan flagrante como es la del caso que motiva estas líneas.