Las urnas mutantes
Un referéndum no es un proceso participativo y, aunque proliferen los voluntarios, el 1 de octubre no será como el 9 de noviembre de hace tres años. Tampoco lo son los retos de organización que afronta el Govern ni lo será la reacción del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Es probable que algunos en Palau echen en falta a Francesc Homs, sus planes dibujados en árbol y el discurso de la astucia y la audacia. En el 2014, si alguien en el Consell Executiu tenía dudas sobre la ejecución de la consulta, Artur Mas respondía: “preguntadle a Quico”. En el actual ejecutivo, la mayoría de los consellers no sabe qué explicará el president el día 4 de julio y, lejos de participar en la toma de decisiones sobre el proceso soberanista, ven cómo se centrifugan más allá de la sala Tàpies. Se podría entender como un gesto de desconfianza hacia los miembros del Govern, pero no todos lo acogen como un ataque a la dignidad del cargo. Con la presión política, judicial y mediática, hay quien piensa que es mejor aferrarse a las preguntas que a las respuestas.
Y preguntas sobran. Entre los socios del Govern, hay unanimidad en que se deben disipar las dudas de golpe, pero también es unánime el convencimiento de que las preguntas se multiplicarán al margen de las explicaciones que Puigdemont, Junqueras y el bus del referéndum sean capaces de ofrecer a partir del día 4. La discusión técnica sobre si se debe optar por una ley para convocar el referéndum y otra que prevea la transición hacia un nuevo Estado y cuándo y cómo se pretende aprobar es inocua en el Consell Executiu. Otra cosa es si se debe explicitar, por ejemplo, una participación mínima para considerar válido el referéndum.
De una forma u otra, el president habrá llegado al mes de julio sin haber firmado nada, y explicitar sus propósitos para disponer de urnas, papeletas, locales y mesas de votación no garantiza que los planes diseñados por sus estrategas externos no sean mutantes. De momento, la homologación de las empresas candidatas a fabricar las urnas se alarga más de la cuenta y la querella contra la consellera de Governació y el nuevo jefe de los servicios jurídicos de la Generalitat también compromete a otros altos cargos del departamento, como la directora de servicios, que ahora la Fiscalía quiere interrogar como testigo pese a que se libró del trance en el juicio del 9-N.
En aquel momento, desde la Moncloa dejaron hacer y hasta Homs lo certificó en la instrucción judicial, pero ahora presumen de disponer de información directa de los pasos del independentismo, la Guardia Civil y la Fiscalía marcan de cerca a los proveedores de servicios y material de la Generalitat. Aun así, existen serias dudas sobre la capacidad de acertar en el diagnóstico y el tratamiento del conflicto. La guía que ponga el Govern sobre la mesa será también la de la Moncloa, donde dejó de ser tabú el artículo 155 de la Constitución, aunque sea para decir que se prefiere evitar. Hay otras maldades al alcance. Si la compra de las urnas puede ser mutante, una suspensión específica de Puigdemont podría convertir a Junqueras en president mutatis mutandi.
Puigdemont llega al mes de julio sin firmar nada mientras el Gobierno marca de cerca a proveedores de la Generalitat