No más frustraciones

Secundo las tesis que propugnan acabar ya con el huero sentimentalismo como terapia al problema que plantea y se plantea en Catalunya. Ocurre con la cuestión catalana como con las personas homosexuales: todos dicen tener una que es amiga muy querida, lo cual, creen, les redimiría de la homofobia. De la misma manera, todos dicen “amar” a Catalunya como si el afecto los librase de intentar soluciones prácticas a los problemas reales que el malestar transversal de los catalanes plantea al Estado y a su propio sistema de gobierno. Basta, pues, de arrumacos dialécticos que se rechazan desde Catalunya como una coartada. Y no seré yo quien afirme que no lo sean. En muchos casos, lo son. En otros, es una calidez semántica que intenta solucionar una septicemia con la administración de una aspirina.

Ya exclamó enfáticamente Rodríguez Zapatero que avalaría el Estatut que elaborase el Parlament de Catalunya y aquello terminó en el cepillado del que se jactó Alfonso Guerra. El caso de los populares fue peor: ejercieron de bomberos pirómanos. Estaban en su derecho de interponer un recurso de inconstitucionalidad, pero es muy dudoso que resultase mínimamente sensato instalar en las calles mesas petitorias contra el nuevo texto autonómico al tiempo que se proclamaba “antes alemanes que catalanes” cuando de la opa de Gas Natural sobre Endesa se trataba. Por fin, el propio Constitucional tiene que asumir que su actuación fue incendiaria: tardó cuatro años en dictar sentencia, lo hizo con un tribunal demediado de magistrados y tuvo los santos bemoles de resolver enmendando la plana, no sólo al Congreso y al Parlament, sino al electorado catalán.

Ahora el nuevo PSOE y su también renacido secretario general propugnan la plurinacionalidad de España. Pero con una serie de advertencias que hacen de tal proclamación –que no han ni sugerido cómo se plasmaría normativamente– un mero recurso dialéctico. Sostienen los dirigentes socialistas que la plurinacionalidad no comporta el derecho a la autodeterminación de Catalunya, ni el llamado también derecho a decidir, ni significa que el país tenga derecho a la soberanía. Se trataría, en consecuencia, de una declaración sobreabundante. El término nacionalidades del artículo 2.º de la Constitución tiene más alcance –si realmente se desea– que la plurinacionalidad cuando esta se circunscribe a lo cultural, lingüístico e histórico pero se le priva de juridicidad.

Quizás haya catalanes que agradezcan esta amabilidad dialéctica. En mi opinión está contraindicada porque genera unas expectativas –o podría hacerlo– injustificadas. Si el PSOE, lo mismo que el Partido Popular y Ciudadanos, mantienen que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español que compone la única nación que conoce la Constitución –según expresión literal del Constitucional–, blandir la plurinacionalidad de España no hará otra cosa que generar frustraciones adicionales en Catalunya y en quienes entienden que la cuestión que aquí se plantea va de emociones pero sin ofrecer soluciones políticas.

La coyuntura catalana sólo es susceptible de resolverse 1) en un proceso de negociación, 2) dentro de los márgenes de la Constitución tanto para aceptarla como para reformarla, y 3) logrando un gran pacto de Estado que recomponga los destrozos en la convivencia de estos últimos años. España no va a ser constitucionalmente una nación de naciones (políticas) y por lo tanto tampoco se convertirá en un Estado confederal, aunque podría migrar a fórmulas federales. Si no partimos de esa realidad jurídicoconstitucional, política y socioeconómica, seguiremos energizando un bucle que nos llevará a un debate sin fin en un enfrentamiento más enconado.

De ahí que el inicio de la solución consista en asumir que existe la reivindicación catalana, que el secesionismo es una solución hiperbólica e inverosímil a ella, que el malestar es más amplio que el afán separatista y que el movimiento de encuentro ha de ser recíproco. Y que debería concretarse –antes o después del choque de trenes que parece inevitable– en una comisión de expertos que preparase una ponencia sobre la reforma constitucional en el Congreso de los Diputados. Y de ahí debería salir una reforma tanto de la Constitución –como muy bien sostiene el catedrático y académico más realista y menos efímero en sus tesis, Santiago Muñoz Machado– como del Estatut que restañe los errores perpetrados del 2010 hasta ahora.

En este contexto, la plurinacionalidad privada de sus contenidos políticos resultará un planteamiento mucho más frustrante que reparador y, además, encierra un peligro enorme: la excitación –similar a la de los años ochenta del siglo pasado– de otro proceso de emulación que revalide el café para todos según el cual las autonomías, históricas o no, reivindicaban el acceso más rápido y más amplio al autogobierno. Ahora este planteamiento plurinacional, tan deshilachado conceptualmente, nos llevaría a una suerte de cantonalismo que provocaría una implosión del modelo autonómico si es que pretende articularse y pasar de las musas al teatro.

Por otra parte, y como ha escrito Joseba Arregi, quien antes fue militante del PNV y consejero de Cultura del Gobierno vasco con José Antonio Ardanza, “es un hecho que la nación vasca existe, como también la catalana. Pero ni Euskadi es una nación, ni lo es Catalunya, pues ambas son plurinacionales. El Estado de derecho que es España debe diferenciar España como nación cultural de España como nación política. España no puede ser constitucionalmente sino autonómica y Euskadi y Catalunya no pueden ser sino autonómicamente estatutarias. Afirmar que España como Estado de derecho es plurinacional es una mentira si no se añade al mismo tiempo que Catalunya y Euskadi también son profundamente plurinacionales”. Arregi tiene toda la razón porque la mixtificación cultural, lingüística y social en ambas comunidades es, a escala, la misma que en el conjunto de España.

El término ‘nacionalidades’ de la Constitución tiene más alcance que el de la plurinacionalidad cultural privada de toda juridicidad que propugna el PSOE