El rescate del Eix Transversal
LA Generalitat de Catalunya ha propuesto al Gobierno central el rescate del Eix Transversal mediante el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que, de autorizarse, permitiría ahorrar 700 millones de euros. El Govern tiene de plazo hasta el 31 de diciembre próximo para revertir la concesión de la obra más cara emprendida por la institución autonómica, una autopista de 153 kilómetros que enlaza Cervera con Caldes de Malavella y que explota la empresa concesionaria mediante un peaje en la sombra, un sistema que se calcula en razón de las cifras de tránsito de vehículos, y cuyo aumento incesante compromete seriamente los presupuestos de la Generalitat al tiempo que hipoteca el futuro de inversiones en infraestructuras fundamentales, como por ejemplo la línea 9 del metro.
La Generalitat cuenta con casi 350 kilómetros de vías de alta capacidad con el gravoso sistema de peaje en la sombra que, según cálculos del Departament de Territori i Sostenibilitat del Govern, supondrá pagar más de 6.650 millones de euros hasta el 2041 por unas infraestructuras cuyas obras costaron menos de 1.800 millones. Por ejemplo, por la C-17 que une Centelles con Ripoll se habrán pagado al final de la concesión casi 1.000 millones de euros, cuando el coste de la obra fue de 300 millones. El año pasado, el Govern tuvo la posibilidad de rescatar la concesión, lo que hubiese supuesto un ahorro de 120 millones, pero problemas de seguridad jurídica aconsejaron entonces la renuncia a aquella reversión.
La perversión de ese sistema hace aconsejable, por tanto, que el Govern trate de aprovechar al máximo las ventanas que ofrece el sistema de concesión de infraestructuras para su rescate anticipado, como es el caso del Eix Transversal, no sólo por el ahorro que supone, sino sobre todo porque libera fondos para ejecutar otras inversiones absolutamente necesarias. Para que la propuesta de reversión de la concesión mediante el FLA pueda realizarse, debe contar con el visto bueno de los ministerios de Hacienda, Economía y Fomento. En caso negativo, la Administración catalana podría acudir a los inversores de deuda pública de la Generalitat, y entonces el rescate saldría lógicamente más caro. Por tanto, conviene que la comisión delegada para Asuntos Económicos del Gobierno estudie la propuesta de la Generalitat con premura y apruebe un rescate financiero que mejoraría las difíciles condiciones financieras en que se mueve el Govern de la autonomía económicamente más dinámica de España. No sólo por justicia, sino también por rentabilidad.