Óscar Pérez
Una esperpéntica asonada da pie a Maduro para amenazar con las armas
POLICÍA VENEZOLANO
El policía sublevado supuestamente disparó y lanzó granadas desde un helicóptero contra el Ministerio del Interior y el Tribunal Supremo venezolano para pedir la dimisión de Nicolás Maduro. No debería haber recurrido a la violencia.
Las asonadas del siglo XXI se transmiten por Instagram. Aún no está claro el incidente del martes, cuando un policía sublevado lanzó granadas y disparó desde un helicóptero sobre las sedes del Tribunal Supremo y el Ministerio del Interior en Caracas, pero sí sabemos quién es Óscar Pérez, el peculiar agente que protagonizó el hecho, gracias a la red social fotográfica, donde también quedaron registradas las imágenes del ataque, que no causó víctimas.
Si este policía tenía como objetivo iniciar una sublevación militar o civil, parece que no contaba con mucho apoyo, a decir de la nula reacción favorable dentro de las fuerzas armadas y el escaso interés de los medios y dirigentes opositores, que ayer estaban, un día más, preocupados de que en las calles no aflojaran las protestas y los frecuentes enfrentamientos entre antidisturbios, grupos de choque chavistas y manifestantes.
Sin embargo, como era previsible ante un hecho de esta naturaleza, el presidente Nicolás Maduro aprovechó para elevar su discurso belicoso y tremendista, aunque paradójicamente minimice las protestas populares que ya han dejado 76 muertos. “Si Venezuela fuera sumida en el caos y la violencia, y fuera destruida la revolución bolivariana, nosotros iríamos al combate, nosotros jamás nos rendiríamos, y lo que no se pudo con los votos lo haríamos con las armas”, advirtió con tono amenazante el mandatario, poco después del ataque, durante un acto de conmemoración por el día del Periodista.
Maduro calificó el incidente de “ataque terrorista armado contra las instituciones del país” y exigió a la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) que condenase “este hecho terrorista eminentemente golpista”. El presidente informó de que había “activado” a todas las fuerzas armadas “para defender el derecho a la tranquilidad”. Además, Maduro acusó a la CIA de organizar la acción e indicó que “este es el tipo de escalada armada que yo he venido denunciando”.
El autor del ataque, Óscar Perez, de 36 años, es un piloto e inspector de la división de Transporte Aéreo de la Policía Científica, que además es actor, pues en el 2015 participó en el largometraje venezolano Muerte suspendida, que contaba la historia de un secuestro y pasó sin pena ni gloria por las pantallas del país. Anoche fue hallado el helicóptero en el estado costero de Vargas, cercano a Caracas, mientras que el piloto continúa desaparecido. La policía registró el domicilio de Pérez y emitió una orden de captura internacional. El ministro del Interior, Néstor Reverol, dijo que fueron activadas las alertas de defensa antiaérea ya que el aparato ha sido calificado como “aeronave hostil”.
El ministro de Comunicación, Ernesto Villegas, explicó que el helicóptero fue robado por Pérez de una base militar de Caracas e informó de que primero sobrevoló el Ministerio del Interior y efectuó “alrededor de quince disparos” cuando en la terraza del edificio había unas ochenta personas celebrando un acto. Luego el aparato se dirigió al Tribunal Supremo donde, según Villegas, también “fueron efectuados disparos y lanzadas, al menos, cuatro granadas de origen colombiano y fabricación israelí, de las cuales una no estalló”. Al igual que Maduro, el ministro vinculó a Pérez con la CIA y la embajada de EE.UU. en Venezuela.
Poco antes de su acción, Pérez colgó en su cuenta de Instagram cinco vídeos donde lee una proclama golpista, rodeado de cuatro militares armados y encapucha-
UN AGENTE PECULIAR El piloto y policía sublevado es también actor y participó en una película de acción ATAQUE SIN VÍCTIMAS Varios disparos y cuatro granadas fueron lanzados desde el helicóptero
dos. “Les hablamos en representación del Estado; somos una coalición entre funcionarios militares, policiales y civiles, en búsqueda del equilibrio y en contra de este Gobierno transitorio y criminal”, dice Pérez. “No pertenecemos ni tenemos tendencia político-partidista; somos nacionalistas, patriotas e institucionalistas”, continúa el piloto.
El sublevado llama a civiles y militares venezolanos “para que se unan a esta fuerza de lucha y salgamos a la calle” y explica que “estamos realizando un despliegue aéreo-terrestre con el único fin de devolver el poder al pueblo democrático, y así cumplir y hacer cumplir las leyes, para reestablecer el orden constitucional”.
En su alocución Pérez esgrime el artículo 350 de la Constitución bolivariana –colgó del helicóptero una pancarta con ese número y la palabra “libertad”– que a su entender y de la MUD habilitan al pueblo a deponer a un “régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”, según reza la Carta Magna. Pérez concluye su proclama de esta manera: “Somos Guerreros de Dios y nuestra misión es vivir al servicio del pueblo. ¡Viva Venezuela!”.
Tras el ataque, el Gobierno desplegó tanquetas por el centro de Caracas, cuando a esa misma hora se vivía un conflicto en el Parlamento, controlado por la oposición, cuyos líderes denunciaron que el edificio había sido ocupado por la Guardia Nacional Bolivariana y que se encontraba asediado por grupos chavistas violentos. Por su parte, el presidente del Supremo convocó ayer una reunión urgente tras el ataque sufrido por el máximo tribunal.
Mientras tanto, la fiscal general del Estado, Luisa Ortega, volvió a cuestionar ayer duramente al chavismo, al que hasta hace poco apoyaba. Ortega acusó al Gobierno de practicar “terrorismo de Estado, donde se perdió el derecho a manifestar, donde son reprimidas cruelmente las manifestaciones, donde se enjuicia a civiles en justicia militar”.
La fiscal reaccionó así a la decisión del Supremo de permitir al Defensor del Pueblo, el chavista Tarek William Saab, suplantar las funciones del ministerio público. De esta manera, Saab podrá recibir denuncias penales en casos de derechos humanos e investigarlas, una atribución que hasta ahora correspondía a la Fiscalía.
Ortega elevó aún más su enfrentamiento con el Supremo y anunció que pensaba “desconocer” sus sentencias por considerar que sus magistrados son “ilegítimos”. La respuesta del máximo tribunal fue prohibir a la fiscal Ortega salir del país y congelar sus cuentas bancarias.
GUERRA JUDICIAL El Supremo autoriza al Defensor del Pueblo a suplantar las funciones de la Fiscalía CHAVISTA DISIDENTE La fiscal Ortega acusa al Gobierno de Maduro de “terrorismo de Estado”