La Fiscalía aún ve delito en la compra fallida de urnas
El fiscal pide al TSJC desestimar la petición de archivo de Meritxell Borràs y Francesc Esteve
La Fiscalía pidió ayer al TSJC que siga adelante con la investigación contra la consellera de Governació Meritxell Borràs y el que fuera su brazo derecho Francesc Esteve por la compra de las urnas a pesar de que la licitación quedara desierta por que las empresas concursantes no cumplían los requisitos según la versión oficial. El principal argumento del Ministerio Público es que el delito ya se consumó por el mero hecho de convocar el concurso. La consellera de Governació Meritxell Borràs solicitó esta semana que se archivara la causa ya que si no había urnas, no podía haber delito y acusó a la fiscalía de actuar preventivamente contra hechos que todavía no se habían cometido.
Ayer el Ministerio Público le reprochó que esas afirmaciones eran “idóneas para ser empleadas como slogans o consignas” pero que no se ajustan a la realidad y recuerda que “todos los ordenamientos penales sancionan la tentativa y la ejecución imperfecta del delito”.
A la fiscalía le sorprende que la defensa de la consellera arguya que las urnas pueden utilizarse en otras circunstancias lícitas como “elecciones sindicales claustros universitarios, cámaras agrarias” cuando los representantes del Govern han manifestado en multitud de ocasiones su intención de celebrar un referéndum para el 1 de octubre.
En este sentido al fiscal le parece llamativo que Borràs aluda a la multiplicidad de usos de las urnas y “se le despierte súbitamente una incontenible necesidad de adquirirlas (...) después de decenas de años sin contar con urnas propias” y, además, cuando faltan cuatro meses para la anunciada votación . Por esta razón, considera que los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos se consuman desde el momento en el que la consellera Borràs y Francesc Esteve impulsaron el acuerdo marco para adquirir las urnas y por tanto “impulsaron los medios necesarios con los que celebrar el referéndum”. Así el fiscal concluye que aunque no se haya alcanzado la meta pretendida que era la compra de las urnas, este hecho no afecta a la consumación del delito.