Independencia de quita y pon

Amucha gente le ha sorprendido que Pedro Sánchez haya nombrado a Margarita Robles, que no es militante del PSOE, portavoz del grupo socialista en el Congreso. En cambio, a casi nadie le llama la atención que Robles sea magistrada del Tribunal Supremo en servicios especiales y que pueda volver a la carrera judicial cuando lo desee.

Los estatutos del PSOE permiten presentar candidatos independientes a las elecciones, pero al parecer no permiten que los parlamentarios independientes sean después portavoces. En una entrevista a La Razón, Margarita Robles explicaba hace unos días que no se puede afiliar al PSOE porque es miembro de la carrera judicial, pero que no tiene la impresión de estar en conflicto con los estatutos del partido, porque cualquier miembro del grupo parlamentario puede ser nombrado portavoz. Citaba dos precedentes dentro del PSOE, ambos jueces como ella: María Teresa Fernández de la Vega, que fue vicepresidenta del Gobierno, y José Antonio Alonso, que fue ministro del Interior y portavoz del grupo parlamentario en el Congreso.

La entrevistadora, Ainhoa Martínez, le recordaba que José Antonio Alonso se afilió al partido antes de ser nombrado portavoz y Margarita Robles lo admitía y explicaba que después, cuando dejó de ser diputado, Alonso pidió la baja como militante y volvió a la carrera judicial. Ya sé que voy a contracorriente, pero pienso que Margarita Robles tiene razón: si para ser diputado en representación del partido socialista no hay que ser militante del partido y cualquier diputado puede ser portavoz, no veo por qué no lo puede ser ella. Que tenga carnet o no es una formalidad que, si preocupa a alguien, debe ser a los militantes del partido, pero no al resto de los ciudadanos.

En cambio, su ir y venir de la carrera judicial a la política y de la política a la carrera judicial me parece más discutible. La Constitución dice que los jueces, los magistrados y los fiscales son independientes e inamovibles y están sometidos únicamente al imperio de la ley, y que, mientras estén en activo, no pueden pertenecer a partidos políticos o sindicatos. Entiendo que el propósito de esta prohibición es garantizar la independencia del poder judicial y evitar que sus miembros estén sometidos a cualquier tipo de disciplina de partido a la hora de ejercer su profesión.

Lógicamente, la Constitución no dice que no puedan tener ideas políticas. Esto no se le puede prohibir a nadie. Pero una cosa es tener ideas políticas y otra, ser portavoz parlamentario de un partido político. Ser portavoz parlamentario de un partido es más que ser militante. Es ser uno de los dirigentes.

Cuando Margarita Robles dice que no es militante del PSOE porque la Constitución no lo permite, pero que esto no es obstáculo para ser portavoz parlamentario, ¿no está admitiendo que en realidad tener el carnet es un puro formalismo y que su adhesión al partido está más allá de toda duda?

Sé que pasar de la carrera judicial a la política es hoy una práctica admitida. Margarita Robles sigue un camino que muchos han recorrido antes. Su trayectoria muestra, además, que los jueces pueden prestar un servicio muy positivo, sobre todo a la hora de luchar contra la corrupción y los abusos de poder. Pero, qué quieren que les diga, creo que este trasiego es una burla a la ley, porque va claramente contra la independencia del poder judicial.

La letra de la Constitución, cuando dice que los jueces no pueden pertenecer a partidos ni sindicatos mientras estén en activo, abre una puerta que lo permite, es verdad. Pero el sentido común nos dice que, si queremos que la justicia sea independiente, los jueces no pueden ser diputados o tener cargos políticos durante un periodo de excedencia y luego darse de baja del partido y devolver el carnet para reincorporarse a la carrera sin más, como si así recuperaran la virginidad.

¿No sería mejor que los jueces que optaran por la política no pudieran volver a ejercer la profesión, al menos durante un periodo prudencial? Así nos aseguraríamos de que no utilicen la carrera judicial como trampolín para saltar a la política y la política como trampolín para ascender en la jerarquía judicial, y nos ahorraríamos el espectáculo de unas altas instancias judiciales pobladas por jueces y magistrados que quizás no son militantes de ningún partido, pero son de una filiación política conocida y admitida por todos.

Durante los últimos años, la política española se ha judicializado mucho. No voy a entrar ahora en los motivos. El lector los sabe. Es un fenómeno preocupante, que distorsiona el juego político. Pero si a esta judicialización le añadimos la politización de la carrera judicial, con un Consejo General del Poder Judicial nombrado por los partidos y con jueces en puestos clave con una brillante carrera política a sus espaldas, la confusión se multiplica y la independencia de la justicia deviene una quimera.

¿No sería mejor que los jueces que optan por la política no volvieran a ejercer la profesión por un periodo prudencial?