Un chollo en Pedralbes
El Ayuntamiento multa a la propietaria de una vivienda de lujo cuya inquilina realquila por Airbnb
Ciento ochenta metros cuadrados, piscina y pista de tenis comunitarias, vigilante, aparcamiento privado, vistas al Tibidabo… , un piso de lujo en la calle Marquès de Mulhacén, en pleno barrio de Pedralbes de Barcelona. Una vecina de Esplugues de Llobregat de 69 años, Amparo Borràs, lo adquirió en el 2007. “Allí vivía una conocida y surgió la oportunidad”, recuerda. “Lo hice pensando en mi hija”, afirma Borràs, que tiene un negocio de productos de peluquería en Gavà. Aquella inversión se ha convertido en un quebradero de cabeza.
El 9 de mayo recibió una notificación del Ayuntamiento de Barcelona exigiendo que cesara la actividad de piso turístico del inmueble. Sin licencia para esos usos, el viernes 30 de junio recibió una multa de 30.000 euros. “Lo tengo alquilado a través de una inmobiliaria por 2.200 euros al mes, pero no sabía nada de que la inquilina lo realquilaba”, resume Amparo. Efectivamente, su propiedad estaba expuesta a través de Airbnb. “Sin mi permiso, realquilaba a 1.664 euros por cuatro días”, asegura la propietaria. “El arrendatario no podrá ceder ni subarrendar total o parcialmente la vivienda sin previo consentimiento del arrendador”, reza el contrato de alquiler.
En un primer momento, el piso fue alquilado a un matrimonio, pero, después de separarse, uno de ellos se quedó allí. “Un día nos dijeron los vecinos que si habíamos alquilado el piso a unos japoneses que estuvieron dos meses allí. Nos extrañó”, cuenta Amparo. La inquilina realquilaba el piso en sus periodos vacacionales de forma frecuente. Además, según explicaron conocidos de ella a esta familia, también ofrece dos pisos más en el Gòtic. “Nos han dicho que ella hoy por hoy no tiene nómina”, dice Amparo. Por lo tanto, su inquilina está viviendo en pleno Pedralbes gracias a Airbnb.
Esta familia presentó alegaciones al recibir la notificación recla- mando que la multa recaiga sobre la inquilina, que es quien realquilaba el piso. Han sido desestimadas. De hecho, en los anuncios de Airbnb constaba el nombre de la inquilina como figura de “anfitriona”, eufemismo que la empresa utiliza para referirse a quienes hospedan visitantes. Aportaron el contrato de alquiler y las declaraciones de la renta, pero no ha sido suficiente.
El Ayuntamiento no reconoce el alquiler de la vivienda porque no se acredita que el piso haya estado registrado en el Institut Català del Sòl (Incasòl). “La inmobiliaria asegura que en el 2010, cuando alquilamos, no era obligatorio inscribirlo”, asegura Amparo. “En todo caso, si debo pagar una multa por cometer ese fallo, lo haré, pero no quiero pagar por algo que no he hecho”, razona la propietaria.
“Que no esté inscrito en el Incasòl no significa que no esté alquilado y mucho menos que yo sea la responsable de realquilarlo por internet”, sentencia. El Consistorio también alega que no se acreditado el pago del alquiler por parte del propietario.
Desde hace unos meses la inquilina no les paga el alquiler. “Debe 16.800 euros”, afirma Cristina, la hija de la propietaria. Desde marzo del 2017 hay una demanda de desahucio sobre la inquilina que también presentaron como prueba. “Todo esto me está costando mucho dinero y disgustos”, reconoce Amparo. “Es una injusticia; por mucho que demuestre con papeles que yo no he puesto el piso en internet, parece que no sirve”, reniega desesperada.