Exigir responsabilidades
El profesor Bartlett Castellà apremia a la clase política para que busque formas de que los responsables de las catástrofes paguen los costes que causan, y que demasiadas veces acaba asumiendo el Estado a costa de los contribuyentes: “Esperamos que si hay responsables económicamente solventes, asuman los costes de los daños. Contamos con que el Estado se encargará de exigírselos. La experiencia, no obstante, enseña que la eficacia al socializar las pérdidas no se corresponde con la de hacer asumir las responsabilidades”.
Los ciudadanos, en general, valoramos bien la actuación del Estado como socializador de pérdidas en caso de grandes desastres. No importa que sean a consecuencia de la rotura de la balsa de residuos de una explotación minera que al llegar a un río van aguas abajo contaminándolo todo, del hundimiento de un petrolero y la subsiguiente marea negra que deja un chapapote viscoso o, todavía más luctuoso, fruto de un avión que se estrella con la pérdida de la vida de los soldados que retornaban de una misión de paz, cuyas familias no cobraban la indemnización de accidentes porque la empresa de transporte no suscribió el seguro pactado cuando se la contrató por la agencia logística de la Alianza Atlántica.
Pedimos al Estado que proteja los intereses generales y, también, los particulares afectados en estas circunstancias. Cuando pone los medios para mitigar los daños nos sentimos protegidos, con independencia de que podamos valorar desigualmente si su tarea preventiva fue la apropiada o no.
Junto con eso, esperamos que si hay responsables económicamente solventes, asuman los costes de los daños. Contamos con que el Estado se encargará de exigírselos. La experiencia, no obstante, enseña que la eficacia al socializar las pérdidas no se corresponde con la de hacer asumir las responsabilidades. A través de los presupuestos de las administraciones, se dio respuesta a los daños causados por la rotura de la balsa de Aznalcóllar que contaminó 4.500 hectàrees en la provincia de Sevilla (1998), por el petrolero Prestige (2002) ante de las costas de Galicia o por el avión Yak-42 en Turquía (2003), en que viajaban nuestros soldados. En cambio, hasta la fecha, no han indemnizado ni la multinacional minera sueca, ni el armador griego, ni la compañía británica líder mundial en vuelos chárter. En Estados Unidos, sin embargo, sí cobraron de los causantes del desastre petrolero en el golfo de México (2010).
Me parece que analizar las causas de esta reiterada indemnidad de los responsables civiles cuando son empresas extranjeras podrían apoyarlo todas las fuerzas políticas. Por una vez no para tirarse los trastos a la cabeza, sino para vigilar que en el futuro, si una desgracia así se repite, no le birlen la cartera al contribuyente.