La propagación

Cualquiera que conozca mínimamente la administración local se hará una idea de la trascendencia de lo ocurrido ayer en el paraninfo de la Universitat de Barcelona: es la propagación del conflicto. El compromiso adquirido por los más de quinientos alcaldes que avalaron públicamente el manifiesto de la Associació de Municipis per la Independència significa que el choque, hasta ahora circunscrito a la Generalitat y al Gobierno central, se extiende a los municipios catalanes. Los alcaldes, varios miles de concejales –suscriban o no la declaración– y otros miles de empleados locales adscritos a su servicio deberán tomar partido y asumir las consecuencias tanto si colaboran en la organización del referéndum como si no lo hacen.

Si alguna virtud tiene la política local sobre el resto de planos de la responsabilidad pública es la proximidad. El alcalde ejerce no sólo en el salón de plenos: lo es también en la cola del pan, en la fila del supermercado, en la puerta de la escuela. A diferencia de lo que ocurre en el Parlament o en el Palau de la Generalitat, severamente blindados, en los pueblos y ciudades el adversario no está a tres horas en AVE. Está en el rellano de la escalera.

Salvo que cambien mucho las cosas y no parece que eso vaya a ocurrir, se va a convocar el referéndum sin la aprobación del Estado. Al descender al escenario municipal –cuya colaboración resulta imprescindible para el éxito o el fracaso del 1 de octubre– el conflicto se traslada a la esquina de casa y sin atenuantes ni amparos más allá de las propias convicciones. Y así, los riesgos se multiplican exponencialmente.