‘Yo ya lo dije, yo ya lo sabía’

Existe un run-run en torno a las decisiones sobre el proceso independentista que suena a resignación, a un acomodado yo ya lo dije, yo ya lo sabía. El embrión es la constatación de que la fuerza del Govern no está en la mesa del Consell Executiu, cada día más relegado si no es para buscar culpables, sino en la movilización ciudadana que garantizan las entidades soberanistas y los ayuntamientos, dispuestos a implicarse sin tapujos en la organización del referéndum. “Cuantos más mejor y hasta el final”, es desde ayer la consigna municipalista. Mejor para que la consulta pueda equipararse en las formas a una jornada electoral, al menos en los locales puestos a disposición del Govern; y mejor porque el convencimiento del puente de mando gubernamental es que “no nos pueden meter a todos en la cárcel”. El soberanismo no teme a la cárcel, teme al miedo. Y éste avanza.

Los pasos del ejecutivo de Carles Puigdemont están cubiertos de un tinte de desamparo que debería ser incompatible con el reto que plantea una hoja de ruta que llega a su dead line de 18 meses. El fiasco del acuerdo marco para el suministro de urnas no es el único problema porque quien más y quien menos lo sabía hace semanas o se lo dijo a quien debía saberlo. En la primera reunión de la mesa de contratación –esa que se constituyó con altos cargos para proteger a los funcionarios–, se retiró la oferta de una empresa y de las dos restantes, una planteaba serias dudas de viabilidad. Eso fue hace un mes y aún así las esperanzas se volcaron en una única posibilidad que no se acabó de materializar. Ahora se esgrime la ley de contratos públicos para justificar una negociación directa pero la pregunta vuelve a ser quién está dispuesto a suministrar urnas.

A la espera de las explicaciones prometidas, Puigdemont y Junqueras se multiplican en reuniones pero la intendencia del referéndum no se ve por ningún lado y provoca incomodidad de no pocos consellers. En paralelo, las suspicacias entre ERC, PDECat y la CUP aumentan hasta el punto de convertir la convivencia parlamentaria en una tortura más allá del referéndum; pero también entre las entidades soberanistas, con Òmnium convertido en dedo acusador de hipotéticas bajas soberanistas.

Obvian que ya no se puede proteger a los funcionarios de las actuaciones de la Fiscalía y la Guardia Civil, que exprime a fondo su papel de policía judicial organizando un festival de interrogatorios a trabajadores de la Generalitat en la comandancia de la Travessera de Gràcia. Otra cosa es el error de cálculo que supone apuntar al Pacte Nacional pel Referèndum. Se pone bajo sospecha a una plataforma que reunió a más de un centenar de entidades y que no se movió del marco constitucional para reclamar una consulta pactada.

Los errores de uno son ganancias del otro también en Catalunya, como mostrará la segunda entrega de la encuesta de La Vanguardia. Y a la espera de un marco legal, urnas, censo, sistemas informáticos, comisiones de verificación… en ambas trincheras, resignadas al choque, suena ese molesto eco: yo ya lo dije, yo ya lo sabía…

El fiasco de las urnas no es el único problema; hace un mes que había dudas sobre el resultado del concurso