La socialización del 1-O
Hasta septiembre se intentarán evitar firmas comprometedoras sobre el referéndum unilateral. Así que este julio es el mes de las escenificaciones y de apuntalar el relato de un pueblo sometido a un Estado autoritario.
Julio va a ser el mes de las escenificaciones. Hasta ahora ningún miembro del Govern actual ha firmado nada que pueda comprometerle demasiado relacionado con los preparativos del referéndum (excepto el frustrado acuerdo marco para comprar las urnas, que quedó desierto) y la intención es no hacerlo hasta septiembre, cuando los dirigentes del procés prevén que la efervescencia independentista alcance su máximo apogeo. Mientras, el calendario se llenará de actos revestidos de solemnidad como el de ayer, protagonizado por los alcaldes independentistas.
Inicialmente se barajó que los responsables de los 500 municipios convocados al evento (que acogen aproximadamente al 40% de la población) firmaran un compromiso con el referéndum unilateral, pero al final se desestimó para evitar nuevas actuaciones judiciales. El próximo hito iconográfico en el tortuoso camino procesista será el martes, cuando el president Carles Puigdemont explicará cómo piensa hacer posible el referéndum.
La voluntad de eludir la acción judicial antes de septiembre limita la capacidad para organizar la consulta en los términos en los que fue prometida. Rebobinemos un instante: las elecciones consideradas plebiscitarias por su convocante, Artur Mas, otorgaron una mayoría que los partidos independentistas interpretaron como una victoria para declarar la secesión en el plazo de 18 meses, pero a medio camino el discurso se modificó y se situó el referéndum en el horizonte. Puesto que no había argumento para repetir un 9-N, el Govern alegó que éste nuevo referéndum sería de verdad, con plenas garantías y, por tanto, vinculante. De hecho. Oriol Junqueras, que en su día receló del 9-N hasta el último momento por considerarlo un simulacro, insiste todavía en que el 1-O será muy parecido a cualquier otra votación legal. Pero a medida que nos acercamos a la fecha es evidente que no podrá ser así.
Este julio también es un mes decisivo para la unidad interna del Govern. Las costuras en el sottogoverno están más que estresadas, los consellers han quedado reducidos a meras figuras decorativas que no se enteran del proyecto más importante del gobierno del que forman parte, y las relaciones entre el PDECat y ERC van de mal en peor, pero nadie se atreve a discrepar del camino que Puigdemont lidera con brío y convencimiento. El temor a quedar señalado como un traidor atenaza más en estos momentos que cualquier amenaza judicial.
Los actos de verdadera desobediencia no llegarán hasta después del verano. Hay dos citas clave: la firma de la convocatoria del referéndum y la introducción en el Parlament de la llamada ley de desconexión, que es, de facto, una proclamación de independencia. Cabe la posibilidad de que ésta se deje para después del referéndum con el argumento de que dependerá del resultado, pese a que es la estrella del compromiso adoptado por Convergència y ERC para formar gobierno. Si es así, la convocatoria del 1-O será el acto de desobediencia que marcará un antes y un después.
Las dificultades para organizar un referéndum con todas las garantías que hagan que también los partidarios del no a la independencia se sientan concernidos son ingentes. Pero sí se puede intentar otro 9-N. Por eso, el Govern pone ahora el foco en que la validez de la consulta no la otorgarán las reglas ni los controles neutrales ni el reconocimiento internacional, sino la gente. La implicación de cuantos más alcaldes mejor (la apetitosa manzana de Barcelona sigue sin caer) es un paso imprescindible para socializar el referéndum, al igual que una participación masiva de la población el 1-O.
Puigdemont y su núcleo de asesores trabajan incesantemente en esa socialización de la responsabilidad sobre el referéndum. Para ello, los esfuerzos se centran ahora en ganar la batalla del discurso. Se trata de fijar el mensaje de que España es un Estado opresor incapaz para la democracia. Es una idea larvada en despachos muy próximos a Mas cuando era president y que ahora llega a su clímax. Un relato que busca que, en un momento determinado, la ciudadanía se rebele ante un poder autoritario que emana de todas las instituciones de un Estado putrefacto, en la confianza de que, si ese mensaje cala, sólo se necesitará una chispa para que prenda una protesta que culmine los últimos cinco años.