Corriente de fondo catalana
Atres meses para la fecha fijada por el Govern para la celebración de un referéndum unilateral sobre la independencia o no de Catalunya, las posiciones respecto de la cuestión siguen polarizadas, según el Barómetro de julio realizado por GAD3 para La Vanguardia, que señala que un 54,1% de los consultados están dispuestos a acudir a votar aunque sea declarado ilegal, cuando en el proceso participativo del 9 de noviembre del 2014 fueron el 42% (2,3 millones de personas). Eso no significa que exista un apoyo mayoritario a que el referéndum sea unilateral. De hecho, el 71,7% de los consultados quiere que el conflicto se resuelva con un referéndum (cuatro puntos menos que hace un año), pero de ellos el 58,4% desearía que fuera una consulta acordada con el Gobierno central y sólo el 37,8% quiere que sea unilateral.
En el último año se ha producido un descenso del apoyo al independentismo, que ha pasado del 48,4% al 42,5%, pero la encuesta detecta un repunte de 6 décimas con respecto al Barómetro de abril; mientras que los que se muestran en contra bajan más de cuatro puntos (del 39,7% al 35,3%). La mayoría de los catalanes afirman que la solución al problema es una reforma de la Constitución que reconozca sus aspiraciones o incluso una interpretación diferente de la Carta Magna (51,1%), casi el doble que los que ven la independencia como única salida (26,2%). También son mayoría quienes piensan que el proceso acabará con la apertura de negociaciones entre los dos gobiernos (29,9%) o con unas nuevas elecciones autonómicas (28,8%) –que, por cierto, volverían a ganar las fuerzas soberanistas–, frente a un escuálido 11,9% que creen que culminará con la independencia.
La complejidad de la cuestión política se muestra en las aparentes contradicciones que revela el Barómetro. Es evidente que existe una corriente de fondo mayoritaria que piensa que los catalanes tienen derecho a expresar su voluntad de seguir o no en España, pero que esa debe realizarse basándose en una negociación con el Estado en la que se contemplen todas las opciones.
La desconfianza hacia el futuro de la situación política aumenta en la medida en que los ciudadanos se percatan del inexistente diálogo entre las dos partes enfrentadas en este conflicto. Asimismo, la ciudadanía tampoco percibe como una salida al problema la apelación constante a la justicia y a sus consecuencias como única respuesta a la confrontación política. Esta imagen de bloqueo puede influir en que crezca levemente la voluntad de acudir a las urnas y votar por la independencia. Por esas mismas razones, casi la mitad de los consultados (47,6%) creen que el Govern llegará hasta el final en su reto al Estado, es decir, que tratará de celebrar la consulta del 1 de octubre. Paralelamente, son mayoría (62,1%) los que piensan que el Gobierno central debería permitir que el referéndum se realizara, frente al 16,6% que cree que los tribunales deberían suspenderlo y únicamente un 10,8 espera que se suspenda la autonomía.
La encuesta, como ha ocurrido en otras con anterioridad, revela una mayoría consistente de catalanes que se manifiesta insatisfecha con el actual encaje de Catalunya en España sin que ello los lleve a abogar por la independencia. Más del 57% cree que la solución sería una reforma o una reinterpretación de la Constitución. Es decir, apoyan una salida basada en la negociación y el ejercicio de la política con mayúsculas.