Aplazar para negociar

La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, anunció el pasado martes el aplazamiento de su plan para reclamar al Parlamento de Westminster un nuevo referéndum de independencia. El primero se celebró en septiembre del 2014 y ganó el no por diez puntos de diferencia. Tras las elecciones legislativas convocadas anticipadamente por Theresa May y celebradas el pasado 8 de junio, el SNP de Sturgeon perdió 21 escaños de los 56 de que disponía en Londres y más de medio millón de votos. La política escocesa, sin embargo, ha reivindicado la mayoría de su partido, pero ha sabido interpretar el revés electoral: los escoceses están preocupados por problemas muy inmediatos como las condiciones de su territorio tras las negociaciones del Brexit y consideran fatigoso y precipitado plantear una nueva consulta independentista.

Captado el mensaje, Sturgeon ha reivindicado su doble legitimación: la de plantear un nuevo referéndum, pero también la de modular “el cómo y el cuándo” hacerlo. Todos los pronósticos coinciden en que Sturgeon no volverá a sacar del cajón la secesión de Escocia del Reino Unido hasta después de las elecciones al Parlamento de Holyrood en el 2021. Y eso si las condiciones pactadas con la Unión Europea fueran insatisfactorias para su país, que votó por la permanencia en la UE en una proporción abrumadora: el 62% frente al 38%.

La nueva situación creada en Escocia –que aleja en el tiempo otro episodio secesionista en el Reino Unido– es coherente también con el pacto entre Theresa May y los unionistas norirlandeses del DUP. Aunque el partido que lidera Arlene Foster es de un integrismo casi inédito en Europa (antiabortista, homófobo), pretende que el Gobierno británico negocie también un Brexit blando con Bruselas porque el actual equilibrio en el Ulster se basa en los acuerdos de Viernes Santo que contemplan la supresión de las fronteras con la República de Irlanda y la posibilidad de un border poll o referéndum de unificación de la isla si su actual statu quo se altera.

El Sinn Féin –que en marzo prácticamente empató a escaños en el Parlamento de Stormont con los unionistas (27 frente a 28 en una Cámara de 90 diputados)– está poniendo en valor de qué manera Irlanda del Norte –igual que Escocia– votó por la permanencia en la Unión Europea, un 56% frente a un 44%. Si el acuerdo que tiene que negociar Theresa May con la UE no es satisfactorio para la provincia norirlandesa, los republicanos se decidirían francamente a reclamar, con el apoyo de Bruselas seguramente, una consulta para integrarse en la vecina República de Irlanda, garantizándose así su condición de Estado integrado en la Unión. Por el momento, el Sinn Féin no está en las mejores condiciones de lanzarse a una confrontación ni con Londres ni con los unionistas y aparcará su reclamación al border poll hasta que concluyan las negociaciones del Brexit.

Mientras tanto, en Quebec el unionista, liberal y federalista primer ministro, Philippe Couillard, no plantea otra consulta de secesión sino un acuerdo con Trudeau para que el país sea considerado una nación más de Canadá, lo que permitiría que Quebec firmase la Constitución de la federación de 1982, accediese al Tribunal Supremo y dispusiera de una especie de derecho de veto en Ottawa sobre los asuntos que le conciernan. El Partido Liberal ganó por mayoría absoluta las elecciones generales de octubre del 2015 y ha serenado por completo el país a base de conducirlo de manera consensuada, con gran sensibilidad social y hacia los derechos humanos pero con ideas muy claras sobre la integridad canadiense. El primer ministro es la contrafigura de Donald Trump que ha puesto en cuarentena el tratado de Libre Comercio (TLC) que vincula ambas economías y la de México. Trudeau, sin embargo, se resiste a aceptar el planteamiento del quebequés Couillard salvo que la asunción de esas condiciones garantice que Quebec abandona definitivamente sus veleidades secesionistas y se integra sin reticencias en la federación suscribiendo la Constitución e incorporándose a los órganos comunes de gobierno.

Otros procesos de centrifugación territorial en Europa como en el norte de Italia, en Bélgica, los casi imperceptibles de Francia, no progresan en absoluto sino que tienden a su enquistamiento y a una dinámica crónica pero no alarmante. Por lo demás, el modelo federal –como, por antonomasia, el alemán– salva los roces entre los diversos estados, combinando un alto nivel de colaboración entre los länder con cláusulas de intangibilidad constitucional que blindan la unidad territorial. Eso ocurre en Alemania (acabamos de comprobar en enero pasado como por una providencia el Tribunal Constitucional negó la posibilidad de una consulta secesionista en Baviera) y, por supuesto, en Estados Unidos, donde su Tribunal Supremo tiene enfáticamente declarado que el país es “una unión indestructible de estados indestructibles”, proclamación sobre la que se basa la prohibición de cualquier proceso de secesión por más que The New York Times venda consejos editoriales para los demás países y no los tenga para el suyo.

En este contexto internacional, sólo Catalunya persiste en una vía unilateral hacia la celebración de un referéndum de secesión. No solamente no le avala la legalidad constitucional y se lo reprocha el Tribunal Constitucional, sino que, además, se basa en una muy precaria mayoría parlamentaria –no de electores– que crea un grave problema al conjunto de España, a la propia Unión Europea y, sobre todo, a la misma Catalunya en la medida en que la fractura.

El referéndum está anunciado –sólo verbalmente– para el 1 de octubre. De momento, la efectividad de la convocatoria se hace cada vez más inverosímil. Parecería razonable que, como en Escocia, Irlanda y Quebec, se plantease un aplazamiento para intentar una reformulación del proceso soberanista abocado ahora al fracaso.

Parecería razonable

que, como en Escocia, Irlanda

y Quebec, la Generalitat se plantease un aplazamiento para

reformular el proceso soberanista