Envejecer a la espera de que les retornen la casa
Diez años después de ser desalojadas por el Consistorio, siete familias de Molins de Rei siguen a expensas de que las reubiquen o de una indemnización
El barrio de la Riera de Bonet de Molins de Rei no era en 1955 como ahora. A los pies de Collserola todo era vegetación. Incluso había viñas. Fue entonces cuando un grupo de vecinos, mayoritariamente migrantes, decidieron coger el pico y la pala y construirse una vivienda. Lo mismo que pasó en muchos otros barrios del área metropolitana. Humildes casas unifamiliares y un bloque de pisos situados en la calle Sant Pere de Romaní. “Además de las casas hicimos los bordillos, las aceras, el alcantarillado…”, evoca uno de ellos, Antonio Padilla, a sus 84 años. Echaron raíces. Allí vieron crecer a sus hijos e incluso a sus nietos. “Aquello era aire y tranquilidad, era como vivir en un pueblo pero al mismo tiempo en la montaña”, describe otra de las vecinas, Alicia Martín, de 70 años.
Después de una vida allí, siete familias pensaban envejecer en el lugar. Pero el primer susto llegó en el 1989. La construcción de un bloque en las cercanías removió todas las tierras, arcillosas. Comenzaron a aparecer grietas en las paredes. Por su seguridad, tuvieron que abandonar sus viviendas durante unos meses. “La constructora se hizo cargo de todo y dejó nuestras casas otra vez seguras”, indica Martín. Era un presagio de lo que vendría después, cuando tuvieron una suerte bien distinta.
En 2007 volvieron a ser desalojados, esta vez de forma definitiva, por peligro de derrumbamiento. La construcción, metros más abajo, de unos pisos de protección oficial y de un centro cívico en el 2000 removió, otra vez, todo el terreno sobre el que se alzaban las construcciones. Durante siete años vivieron con temor. “Estabas en la cama, oías un crujido y al despertar veías una pared partida”, recuerda Martín. Allí ya no se podía vivir.
“Todo se produce por una licencia de obras mal dada”, explica el concejal de Vivienda del Ayuntamiento, Pep Puiggarí.
Diez años y cuatro alcaldes después del desalojo, los vecinos siguen esperando a que se les asigne una nueva vivienda o a una compensación económica por parte del Consistorio, que les paga desde entonces el alquiler. Una década de promesas incumplidas, de mucha frustración. “Hemos actuado de buena fe, pero las cosas no han salido como hubiésemos querido”, se excusa el actual alcalde, Joan Ramon Casals. A los vecinos se les propuso hasta cuatro soluciones diferentes que nunca cuajaron. Un bloque donde anteriormente estaban las casas, otro en terrenos municipales, un terce- ro en un solar privado e incluso que el Ayuntamiento accediera al mercado privado. Nada fructificó. La administración topó con escollos que no supo resolver. Llegaron a tener un piso asignado en dos ocasiones y se quedaron con la miel en los labios.
Pep Puiggarí no se sale por la tangente: “Es obvio que, en su momento, faltó voluntad política, al final todo se resume a poner 1,5 millones de euros sobre la mesa”. En medio de esta odisea, los vecinos asistieron al derrumbamiento definitivo de sus casas en 2012. “Verlo fue muy doloroso”, asume Alicia Martín, que no ha tenido valor para volver al lugar hasta que se citó con La Vanguardia.
La última propuesta del Ayuntamiento es aceptar una compensación económica o esperar a la construcción de un nuevo barrio en Molins de Rei, Les Guardioles, prevista para el año que viene.
Alicia Martín quería optar por la compensación y con el dinero volver a Salamanca pero las condiciones del pago, a cuatro años y con buena parte entregada en el cuarto año, no se lo permiten. Esperará al nuevo barrio. “¿Por qué nos los tenemos que creer si hace tiempo que no se cumple nada?”, se pregunta.
Padilla se acogió a la indemnización, que debió comenzar a cobrar en octubre de 2016 pero de la que aún no ha percibido nada. La Generalitat paralizó el convenio porque el valor de los pisos ha cambiado y, otra vez, todo se ha vuelto a retrasar. También surgieron otros problemas. “Nos encontramos con alguna casa no inscrita, un vecino tenía dos pisos pero la división no estaba contemplada…, es el tema más complejo que me ha tocado tratar”, dice Puiggarí, que espera poder comenzar a pagar a dos de las familias “antes de final de año”. “Esta vez será la definitiva”, añade el alcalde Joan Ramon Casals. “Ya nos toca, me corre mucha prisa”, insiste Padilla desesperado mientras muestra papeles del médico. En sus palabras, el miedo a morir sin que se haga justicia. Algunos de los afectados ya fallecieron esperando.
“Faltó voluntad política, al final todo se resume en poner 1,5 millones”, reconoce el concejal de Vivienda, Pep Puiggarí