Montoro estudia la viabilidad de divulgar la lista de la amnistía fiscal
El PSOE ha presentado una propuesta para conocer los nombres de los evasores
En el Ministerio de Hacienda, que dirige Cristóbal Montoro, se están estudiando los márgenes legales y las posibles consecuencias, jurídicas y políticas, de divulgar la lista de los 30.000 contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal del 2012, técnicamente conocida como declaración tributaria especial (DTE), según han asegurado varias fuentes consultadas.
El asunto se ha puesto sobre la mesa tras la sentencia del Tribunal Constitucional que anulaba la amnistía fiscal, al considerar inadecuado el uso de un decreto ley para ella, pero también cuestionándola por motivos políticos de fondo, especialmente desde la perspectiva de la quiebra de la obligación pública de asegurar que los contribuyentes pagan sus impuestos en función de sus niveles de riqueza y de sus ingresos que, a juicio del Constitucional, implicó la medida aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy.
Como consecuencia de esa sentencia, el ministro ha acabado siendo reprobado en el Congreso de los Diputados. Tanto el fallo judicial como su derivada política han sentado muy mal al ministro, que se considera injustamente acusado de favoritismo hacia determinados sectores económicos y políticos. Y, desde entonces, el debate sobre la posible revelación de la lista de contribuyentes no ha cesado.
Según algunas fuentes, Montoro ya se había planteado incluso insinuar esa disposición a pactar una vía de revisión legal para desvelar los nombres de los contribuyentes en su comparecencia en la comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados del pasado 21 de junio. Finalmente, no lo hizo.
Durante la sesión, el diputado Julián López Milla, portavoz socialista en la comisión, presionó a Montoro en esa línea: “Haga pública la lista. ¿Necesita cambiar la ley para hacer pública la lista? Ya tiene usted los 84 votos del grupo parlamentario socialista para cambiar la ley (…) en el pasado ya pedimos que se cambiara la ley, presentamos una proposición para cambiar la ley y la votaron en contra (…) pueden ustedes coger nuestra proposición y utilizarla”. Pese a las expectativas que se habían instalado en círculos políticos, Montoro no entró al trapo, aunque dejó ir en una de sus réplicas al portavoz socialista que “sólo hay ineludible la muerte y los impuestos. El resto es recuperable y basta con que sus señorías, los grupos políticos, traigan las iniciativas a esta Cámara”.
Pese a ese repliegue, las fuentes consultadas, aseguran sin embargo que en Hacienda han seguido estudiando las posibles iniciativas necesarias para su viabilidad. La opinión de Montoro, sigue sin haberse decantado en uno u otro sentido, aseguran las fuentes consultadas, aunque pesa mucho en su ánimo el deseo de no reabrir un nuevo frente, cuando están pendientes la aprobación del techo de gasto público del 2018 y las peticiones para que asuma una nueva rebaja del IRPF.
En cualquier caso, el PSOE ha presentado esta pasada semana una proposición de ley para obligar al Gobierno a publicar la lista de los contribuyentes, personas físicas y jurídicas, acogidas a la declaración tributaria especial, desglosando individualmente el importe aflorado por cada uno de ellos, así como los accionistas que son propietarios de las empresas.
Este debate se está siguiendo con inquietud en sectores del Gobierno, pensando en el impacto público que podría tener la divulgación de esa información.
Poco se sabe sobre su contenido. Hay un grupo específico, unos 750 contribuyentes seleccionados por su condición de personajes expuestos políticamente, es decir, cargos públicos, desde alcaldes hasta diputados, funcionarios del Estado y familiares de todos ellos, que ya se envió a principios del 2015 al servicio ejecutivo de la comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales. En esa lista reducida figuraba, por ejemplo, el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato. También habría formado parte alguna de las sociedades en el exterior utilizadas por el exsenador y tesorero del PP Luis Bárcenas, protagonista destacado del caso Gürtel.
Desde entonces, conocidos políticos o funcionarios han sido inspeccionados por Hacienda debido a que familiares directos afloraron patrimonios no declarados antes del 2012.
Las fuentes consultadas en distintos ministerios aseguran que la información delicada sobre esta lista restringida ya ha aparecido a través de las causas judiciales instruidas en los tribunales. Lo más trascendente ahora afecta a los 30.000 contribuyentes restantes, entre los cuales se encuentra “buena parte de la élite económica del país, con importes de auténtico vértigo”, según explica a este diario una fuente gubernamental.
NÚMERO Unos 30.000 contribuyentes se acogieron a la declaración especial SIGNIFICATIVOS Una parte de los acogidos forma parte de la élite económica española VOLUMEN Los patrimonios aflorados en el 2012 superaron los 40.000 millones de euros