La ley del referéndum apelará a resoluciones de la ONU y la Haya
La norma incluye un artículo que pretende amparar a funcionarios y proveedores del 1-O
La ley del referéndum que presentarán mañana Junts pel Sí y la CUP apela a resoluciones de la ONU y de la Haya para justificar la consulta unilateral. El texto presenta la votación del 1-O como “la opción necesaria” tras la “ruptura del pacto constitucional” e incorpora un artículo para proteger a los funcionarios y proveedores que trabajen en la organización del referéndum.
La ley del referéndum que Junts pel Sí y la CUP presentarán mañana en el Parlament no sólo regulará los aspectos de la jornada de votación, sino que busca justificar la vía unilateral amparándose en resoluciones de la ONU y la Haya y presentarla como “respuesta democrática a la frustración generada por el último intento” de encaje de Catalunya
El Ejecutivo define el 1-O como una cita electoral “normal”, aunque sitúa la ley por encima cualquier norma con la que choque
en el Estado que representó el Estatut del 2006.
La Vanguardia ha tenido acceso a parte de uno de los borradores finales de la norma, que se mantiene bajo llave, y que sólo conocen en su integridad media docena de personas.La ley se tramitará a finales de agosto, dejando en segunda línea la ley de transitoriedad, que incluirá toda la casuística posreferéndum, que se aprobaría tras una victoria del sí. El choque con el Gobierno de Mariano Rajoy está servido y el recurso ante el Tribunal Constitucional anunciado de antemano así que la pretensión del independentismo pasar por dotar su apuesta de “normalidad” y dejar en evidencia al PP. Se presenta el referéndum como “la opción necesaria” para que los catalanes decidan su futuro tras la “ruptura del pacto constitucional” de 1978, que representa la “anulación parcial y la completa desnaturalización del Estatut”.
“Se han hecho todos los esfuerzos para encontrar una vía acordada” para que los catalanes decidan “libremente su futuro”, sostiene el texto, pero ante la negativa del Gobierno central el Parlament toma la “trascendental decisión” de aprobar la “ley del Referéndum de Autodeterminación” como “máxima expresión del mandato democrático de las elecciones del 2015.
El Govern insiste en que la cita del 1 de octubre será lo más parecido a una jornada electoral, pero los redactores de la ley son conscientes de su excepcionalidad y así lo trasladan en el texto. Arranca citando los pacto internacional sobre Derechos Civiles y Políticos aprobados por la ONU en 1966, ratificados por España en 1977, y que reconoce el derecho de los pueblos a la autodeterminación, así como la resolución de 1999 sobre promoción del derecho a la democracia de la Comisión de Derechos Humanos de la institución y dictámenes de la Corte Internacional de Justicia. El relato del preámbulo incluye resoluciones del Parlament en las que, desde 1989 se expresa el derecho de Catalunya a la autodeterminación, de las que sólo las últimas han sido suspendidas por el TC.
La norma se dispone en un preámbulo, 34 artículos, una disposición adicional y una final. El título I sirve para enmarcar el objeto de la norma que queda establecido en su artículo 1. Subraya que la ley regula la celebración del referéndum de autodeterminación en Catalunya y subraya el carácter “vinculante” del mismo, “sus consecuencias en función de cuál sea el resultado y la creación de la Sindicatura Electoral de Catalunya”. Junto a la Sindicatura, que sustituirá a la Junta Electoral, habrá una comisión de verificación internacional, formada por juristas y politólogos. En el título II se establece el carácter “soberano” de Catalunya y su Parlament. Así, el artículo 2 proclama que “el pueblo de Catalunya es un sujeto político soberano y como tal ejerce el derecho a decidir libre y democráticamente, su condición política”. En el artículo 3, se añade que “el Parlament de Catalunya actúa como representante de la soberanía del pueblo de Catalunya”.
A partir de esa proclamación, la ley define el “régimen jurídico excepcional dirigido a regular y garantizar el referéndum de autodeterminación de Catalunya”, y lo sitúa “jerárquicamente sobre todas aquellas normas con las que pueda entrar en conflicto, en tanto que regula el ejercicio de un derecho fundamental e inalienable del pueblo de Catalunya”. Los redactores de la ley avanzan así su determinación a seguir adelante con el referéndum más allá de una suspensión del Constitucional. El Parlament ha aprobado en los últimos años una ley de consultas populares por vía de referéndum (2010) y una ley de consultas referendárias (2014), todas ellas anuladas por el TC.
En cualquier caso, la ley también pretende establecer un supuesto marco de protección a los funcionarios y trabajadores públicos, entre los que ha aumentado la tensión después de las querellas de la fiscalía y los interrogatorios de la Guardia Civil; así como a los proveedores de servicios y material de la Generalitat, teniendo en cuenta que a día de hoy no hay urnas, ni programa informático de recuento. El artículo 3 establece que “todas aquellas autoridades, personas y empresas que participen ya sea directamente, ya sea indirectamente, en la preparación, celebración y/o implementación del resultado del referéndum, quedan amparados” por la citada ley, ya que “desarrolla el ejercicio del derecho a la autodeterminación que forma parte del ordenamiento jurídico vigente”.
Según fuentes de la mayoría independentista, el resto de artículos recoge los aspectos organizativos y de gestión del referéndum, que serán desgranados en el Parlament mañana por diputados de Junts pel Sí y la CUP, como el censo, la constitución de las mesas de votación o la puesta en marcha de la bolsa de voluntarios para ejercer como agente electoral.
En paralelo, se pondrá en marcha la campaña de divulgación de la ley con más de 200 actos por toda Catalunya. La intención de Junts pel Sí y la CUP es aclarar dudas y “recoger posibles mejoras” que puedan plantear otros partidos o la sociedad civil antes de su tramitación parlamentaria, una función que también estará disponible en la web Garanties.cat.