Verano caliente para Macron
El presidente aprobará por decreto la rebaja de derechos de los trabajadores
El Gobierno francés ha comenzado a desvelar sus planes de reforma laboral que prevé aprobar en julio sin debate parlamentario, por el procedimiento llamado “de ordenanzas”. En las últimas semanas el Ministerio de Trabajo ha recibido por separado a las centrales sindicales para escuchar sus puntos de vista, pero sin desvelar cuáles son sus intenciones. Muriel Pénicaud, la ministra de Trabajo, presentó el miércoles algunas pistas de lo que se quiere hacer.
En términos generales se trata de profundizar en tres grandes aspectos. El primero es la erosión del principio general por el que en caso de conflicto entre dos normas, prima aquella más favorable al trabajador. El segundo, la facilitación del despido. Y el tercero, flexibilizar los contratos de trabajo.
Los tres aspectos están presentes en los objetivos, aún no del todo precisados, de derogar convenios colectivos de ramo a través de acuerdos de empresa, la limitación de las indemnizaciones por despido improcedente, la fusión de las instituciones representativas de los empleados hoy organizadas en diversos ámbitos, la ampliación de los criterios para considerar que una empresa está en dificultades y puede acometer reducciones de plantilla y la ampliación de las posibilidades para formalizar un contrato temporal, entre otros.
Todo esto se organizará en diversos paquetes y se someterá al parlamento entre el 24 y el 25 de julio, para una aprobación general y sin debate, procedimiento poco democrático, pero previsto en casos de urgencia. En el último sondeo, el 58% de los franceses se declaraban hostiles a este procedimiento. Otro 61% se declaraba en contra de la limitación de las indemnizaciones.
Para la CGT, el sindicato más rebelde, la filosofía de esta reforma es “la idea según la cual los derechos colectivos son responsables de paro”. Esta central, la segunda del país y primera en el sector público, ya ha convocado una jornada de protesta y huelga para el 12 de septiembre, unos días antes de que la reforma entre en vigor.
Para la gran patronal (Medef) el sentido de esta reforma es acabar con “un infierno reglamentario de una rigidez única en el mundo”, en palabras del diario conservador Le Figaro, que reproducía la semana pasada en un editorial una afirmación que Emmanuel Macron repitió muchas veces en su campaña electoral: “Francia (10% de paro) es el único gran país gangrenado por el paro de masas”.
Frente a la idea de una Francia atávica en su manera de funcionar, la realidad es que hace cuarenta años, desde el gobierno de Raymond Barre en 1977, que en el país se aplican reformas del mercado de trabajo. Si en 1980 el 90% del empleo creado eran contratos indefinidos, actualmente el 86% de los nuevos contratos son temporales, parciales o provisionales, un dato que ilustra lo mucho que ha llovido desde entonces.
La diferencia de Francia es más bien la resistencia social que esa línea ha encontrado siempre y que ha obligado a los diversos gobernantes a acabar aplicando fórmulas menos drásticas que en otros países. Macron quiere acabar precisamente con eso y, a di-
La CGT ha convocado ya una huelga en septiembre y critica que se atribuya el paro a los derechos colectivos
ferencia de su predecesor, François Hollande, que se sacó de la manga leyes que no estaban en su programa, el actual presidente dejó claro su propósito en su programa y en la campaña electoral. Desde ese punto de vista, y pese a la debilidad de su base social y electoral, la posición de Macron es de mayor fuerza.
El plan del presidente va más allá de cumplir con las fuerzas empresariales que potenciaron su candidatura. Macron quiere que su reforma laboral sirva para rehabilitarle ante Alemania. Es perfectamente consciente de que habrá un pulso en la calle, lo cual hasta le conviene para acreditar su determinación, pero ¿cuál será el resultado?
A medio plazo el presidente no lo tiene mal. El panorama sindical está dividido. La CFDT, el sindicato preferido por la patronal que suele aceptar cualquier involución, no contesta la reforma. El sindicato Force Ouvrière (FO), mayoritario en la función pública y que el año pasado se enfrentó a la reforma laboral socialista, lanza señales conciliatorias. Eso quiere decir que el polo formado el año pasado, que fue derrotado, será seguramente más débil el próximo otoño de lo que lo fue entonces. Los problemas pueden presentarse más adelante, cuando haya pasado el periodo de indulgencia para la nueva presidencia y el Gobierno se haya desgastado, señala un observador adversario de la reforma.
La credibilidad ante Alemania, cuyo restablecimiento Macron concibe, quizá ingenuamente, como condición para que Berlín abra su política europea, tiene una segunda pata que puede resultar tanto o más complicada que el hachazo sociolaboral por decreto que se prepara con todo tipo de fórmulas tecnocráticas. Se trata de la austeridad presupuestaria.
El Tribunal de Cuentas reveló ayer que la estimación del estado de las finanzas públicas para el 2017, con un déficit estimado del 2,8%, contiene “elementos de insinceridad”, es decir falsificaciones. El gobierno de Hollande barrió debajo de la alfombra por lo menos 8.000 millones de euros, con lo que el déficit será del 3,2%, es decir por encima del 3% prometido a los socios europeos.
Eso significa que habrá que acometer drásticos recortes en el gasto social, lo que tendrá consecuencias negativas en el crecimiento.
Los años Macron vendrán marcados por el recorte en todos los sectores del Estado, confirmó hace una semana el propio ministro de Economía, Bruno Le Maire, en una entrevista con Le Figaro. Eso afectará necesariamente a la demanda interior y al pequeño progreso en crecimiento pronosticado la semana pasada por el Instituto Nacional de Estadística (Insee). La combinación de una reforma laboral impopular y la austeridad para cumplir con Alemania, puede crear serios problemas en un país en el que el euroescepticismo soberanista es fuerte si no mayoritario.