Puigdemont dice que el Govern ya está listo para asumir impuestos estatales
Montoro recuerda que, “por ley”, la Generalitat no puede saltarse la hacienda española
La Agència Tributària Catalana (ATC) que han dibujado los estrategas del independentismo ya tiene un pie en el estribo. El proceso que se inició el año 2012 con la firma de un convenio marco entre el Govern y las cuatro diputaciones catalanas culminó ayer con el acuerdo del pleno despliegue y funcionalidad del organismo. Hasta el punto de que Carles Puigdemont anunció ayer que la Generalitat está ya preparada para asumir “cuando sea necesario” los impuestos que todavía pasan por la Hacienda española.
“Damos por acabada la primera fase de la construcción de la nueva Hacienda catalana”, declaró el presidente de la Generalitat. Y es que en septiembre la ATC asumirá todos los tributos propios y cedidos. Y, señalan, tendría capacidad para gestionar aquellos que exclusivamente trata la Agencia Tributaria española, como podrían ser el IRPF o el IVA. Su aplicación sería un auténtico gesto de ruptura con el Gobierno, aunque este planteamiento obvia que sería el ciudadano quien se encontraría en el callejón sin salida de decidir dónde tiene que pagar sus impuestos en un escenario de choque institucional.
A la reunión de ayer se citaron, entre otros, el presidente y el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, con Mercè Conesa, Pere Vila y Joan Reñé, presidentes de las diputaciones de Barcelona, Girona y Lleida, respectivamente, y Joan Piñol en representación de la de Tarragona. El encuentro sirvió para rubricar hasta nueve convenios, esenciales para que la ATC pueda, por ejemplo, gestionar directamente en colaboración con las diputaciones la recaudación ejecutiva de impuestos, es decir perseguir el fraude fiscal.
Puigdemont recordó que el 1 de septiembre se alcanzará el “hito” de gestionar los impuestos cedidos, como son el impuesto de transmisiones patrimoniales y el de sucesiones y donaciones. La fecha señalada por el president es, de hecho, la que Economía prevé completar el despliegue de las oficinas de la ATC sustituyendo por completo los registradores de la propiedad.
En declaraciones a los periodistas, Puigdemont criticó que ahora las administraciones catalanas “sólo gestionan el 10% de los impuestos que pagan los ciudadanos y empresas” de Catalunya. Un hecho que le sirve para evidenciar, a su parecer, “la falta de control de las instituciones catalanas a la hora de gastar en favor del Estado de bienestar, la preservación del medio ambiente y la promoción económica”.
En este sentido, Junqueras aseguró que se han cumplido los plazos “sobradamente” y aportó datos sobre el despliegue: se prevé que hasta 200 oficinas de ventanilla única estén desplegadas por todo el territorio catalán, que cubrirán más del 90% de la población y el 97% de los municipios.
En contraposición, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se mostró incrédulo y rebajó las expectativas del Govern. Así, advirtió a Puigdemont que “por ley” no puede asumir los impuestos estatales. De hecho, dudó de que la Generalitat tenga “capacidad operativa” para hacerlo. Igualmente, reprochó al Govern que buscara “saltarse sus obligaciones legales”.
En todo caso, según indicaron desde el Govern y las diputaciones, con el primero de los convenios acordados ayer la ATC “podrá llevar a cabo la subasta de bienes embargados por las diputaciones de aquellos contribuyentes con deudas tributarias y que quedan en su ámbito competencial en razón de territorio”. Estas deudas podrían ser el impago del IBI o multas de tráfico, por ejemplo. De este modo, la ATC pasaría de ser cliente de la administración estatal a gestionar sus propias deudas. Se calcula que la Hacienda catalana podría llegar a gestionar cerca de 850.000 deudas.
Con el segundo y el tercero de los convenios se agiliza y facilita el intercambio de información entre la
Junqueras alardea de haber cumplido “sobradamente” los plazos para implantar la Agència Tributària
ATC y las diputaciones, con el objetivo de mejorar la lucha contra el fraude, asegurando la protección de datos. Los otros seis convenios hacen referencia al despliegue territorial de las oficinas de la ATC, que pasa por implantar ocho puntos de atención al contribuyente de las trece compartidas que la Agència abrirá por toda Catalunya a principios de septiembre.
Una de las claves de la ATC ha sido la incorporación del sistema e-Spriu, que está preparado para gestionar impuestos masivos y periódicos. Ahora mismo, este sistema trata desde el 1 de julio la tasa por las bebidas azucaradas, pero su eficacia es tal que con tres meses sería suficiente para recaudar el IRPF, mientras que con el sistema Gaudí, que la Generalitat ha usado desde los años ochenta del siglo pasado, podría alargarse el periodo hasta los tres años.