El Tribunal de Cuentas se inclina por reclamar el dinero del 9-N
El expediente afectaría a los patrimonios de Mas, Ortega, Rigau y Homs
Los temores del exconseller Jordi Baiget a que las acciones judiciales contra el proceso soberanista acabasen afectando a su patrimonio le costaron el cargo. El presidente Carles Puigdemont no dudó en destituirlo cuando los expresó públicamente, junto a sus dudas sobre la viabilidad del referéndum. Sin embargo, esos temores parecen estar más que justificados. A día de hoy, el Tribunal de Cuentas tiene en estudio una petición de la Fiscalía para investigar al expresidente Artur Mas y a tres de sus exconsellers por el dinero utilizado para el 9-N, y todo apunta a que aceptará el expediente y nombrará a un instructor que se ocupe de dilucidar responsabilidades por el proceso participativo del 2014, lo que podría acabar en una reclamación, a cargo de los patrimonios personales, de los recursos públicos (más de 5 millones de euros) que se invirtieron en aquella cita.
Hace un mes, la Fiscalía presentó un informe pidiendo la apertura de una investigación contra el expresidente Artur Mas y los exconsellers Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau “para determinar sus responsabilidades por el gasto de 5,12 millones de euros en las votaciones del 9-N” del 2014. Con ese informe, el ministerio público apoyaba la denuncia que había sido presentada por Societat Civil Catalana (SCC) y la Asociación de Abogados Catalanes, que consideran que, aunque Mas y sus consellers ya fueron condenados por desobedecer al Tribunal Constitucional al organizar aquella consulta, ello no les exime de su responsabilidad contable por el “uso irregular” de dinero público.
Según han indicado a Europa Press fuentes del Tribunal de Cuentas, la sección de enjuiciamiento está completando las diligencias preliminares y próximamente procederá al nombramiento de un delegado instructor que asumirá
El procedimiento contable fruto de la denuncia de dos entidades se sumaría a las condenas por la vía penal
el caso. Su labor será contrastar la denuncia de las dos entidades catalanes para determinar las responsabilidades contables de Mas y sus consellers y, en su caso, reclamar su reintegro al tesoro público.
En su denuncia, los promotores detallaban una serie de gastos públicos por un importe global de más de 5 millones de euros: creación de una página web institucional (14.837,60 euros); material para la votación (70.532,08 euros); adquisición de ordenadores portátiles para las mesas de votación (828.171,42 euros); póliza aseguradora para voluntarios (1.409,26 euros); apoyo informático a la consulta (1.106.185,77 euros) y envío de información (307.962,71 euros).
Las asociaciones acusaron a Mas y a los miembros del Govern de facilitar la logística y los medios materiales y presupuestarios necesarios para la realización del proceso participativo, “por lo que destinaron caudales y efectos públicos puestos a su cargo para una finalidad ajena a las competencias y funciones públicas que tenían encomendadas, y que, aunque amplias, lógicamente no eran ilimitadas”. También señalaron en su denuncia “la aplicación económica de fondos públicos por un importe no inferior a 5.129.833 euros para realizar un conjunto de actuaciones en abierta y franca contradicción con la Constitución, desprovistas de soporte presupuestario por desborde competencial, y desobedeciendo la orden de suspensión que había decretado el Tribunal Constitucional”.
Este procedimiento contable por el que parece que se inclina el Tribunal de Cuentas se sumaría a las condenas de los cuatro políticos catalanes, que ya fueron sentenciados por la vía penal. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya inhabilitó a Mas, Ortega y Rigau. Homs fue juzgado por el Tribunal Supremo e igualmente condenado, pero en su sentencia el Alto Tribunal no se cuestionaba si la aplicación económica de los fondos públicos tiene relevancia penal. Y por ese motivo no entró a valorar si había existido malversación de fondos públicos con la organización del 9-N.