Los desaires de Rajoy a Feijóo
El Gobierno central vuelve a vetar la transferencia de la AP-9 a la Xunta, unánimemente aprobada por el Parlamento gallego
Feijóo se enteró por la prensa, pues en la Xunta no sabían que Fomento vetaba la propuesta gallega, como en el 2016
Acomienzos de la década de 1980 la construcción de la Autopista del Atlántico (AP-9) traía de cabeza al joven registrador de la propiedad de Padrón, recién trasladado desde Villafranca del Bierzo. El minifundio y la incesante emigración al extranjero convertían en una titánica labor identificar a los dueños de las fincas y alcanzar acuerdos para poder construir una infraestructura que en esa zona no estaría terminada hasta el año 1991. Pero el titular de la saturada oficina de la villa de los pimientos picantes y del último suspiro de Rosalía de Castro no tuvo que lidiar mucho tiempo con esos conflictos porque en octubre de 1981, con 26 años, dio el salto a la política como diputado autonómico.
Era Mariano Rajoy Brey, quien ahora protagoniza un nuevo pleito relacionado con la AP-9, el de la transferencia a la Xunta que todo el arco político gallego reclama. Pero, bajo el principio de que el mapa autonómico está cerrado, el Gobierno la niega, hasta el punto de vetar por dos veces que se tramite en el Congreso de los Diputados. Y aunque ello suponga un desaire al presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, uno más de los que acumula quien con su flamante victoria en las elecciones autonómicas hace nueve meses, se convirtió en el “salvador” del Partido Popular.
“Esto no es un choque de fuerzas, es un choque de argumentos”, proclamó el jueves pasado Núñez Feijóo, en una de sus cotidianas alusiones, más o menos directas, al desafío catalán, especialmente socorridas en su caso cuando se le plantean cuestiones incómodas. Sin embargo, el por lo general rápido y locuaz presidente de la Xunta de Galicia tardó seis días en pronunciarse sobre el segundo veto que aplicó el Gobierno central. Un veto que, aduciendo cuestiones económicas, impidió que la proposición de ley orgánica de transferencia, unánimemente aprobada por el Parlamento gallego, pueda siquiera tramitarse en la Carrera de San Jerónimo. Y allí, previsiblemente saldría adelante gracias al voto de Podemos y sus confluencias, PSOE y los nacionalistas, que ya dieron su apoyo a una moción en ese sentido en la comisión de Fomento.
Feijóo se enteró del veto por la prensa, porque hasta que lo denunció En Marea –la coalición gallega de Podemos–, en la Xunta no sabían, por más que lo temiesen, que el Ministerio de Fomento volvía a vetar la proposición gallega, al igual que en el 2016 y con los mismos argumentos. Dichos argumentos consisten en que hay un riesgo de rescate de esa infraestructura, para el que el departamento de Iñigo de la Serna calcula un coste de 4.000 millones, además de mantener que la AP-9 debe seguir en la red estatal porque conecta con Portugal y da servicio a puertos de interés general, aunque en realidad ninguna de esas dos funciones las cumpla directamente. Además, el Parlamento gallego ya había introducido en el texto una renuncia explícita al rescate.
La AP-9 es, en palabras del portavoz del PSdeG, Fernández Leiceaga, la calle central de Galicia, el eje de su sistema urbano que va desde A Coruña a Vigo, por Santiago y Pontevedra y se prolonga hasta casi la frontera portuguesa y Ferrol. El peaje de su recorrido completo supone actualmente 20 euros.