Ayudar al que no tiene, ¿pero cómo?
Gobierno y Ciudadanos han acordado una serie de medidas fiscales orientadas a ampliar la exención de declaración de la renta desde 12.000 euros anuales, hasta ahora el umbral exento, hasta los 14.000 euros. Los que ganen menos de esta cantidad no tendrán que hacer la declaración y, por tanto, no pagarán impuestos. Además, los contribuyentes que ingresan más de 14.000 euros pero menos de 17.500 también se beneficiarán de una rebaja fiscal.
Está bien ayudar al que no tiene, o tiene poco. Aunque, a falta de más detalle, esta medida tiene su lado controvertido para los beneficiados. Estas personas, al no tener bases imponibles declaradas, no se podrán beneficiar, en su caso, de las deducciones por compra de vivienda y otros beneficios fiscales que operan a través de la base imponible.
Sin embargo, aquí me interesa analizar esta medida desde otros ángulos.
El primero es el de la desigualdad. Este acuerdo político se puede ver como una señal indirecta de que la economía no va bien para una parte importante de la sociedad española. ¿Qué mejor señal que esta de que la pobreza de ingresos va en aumento que ver que cada vez es mayor el número de hogares que no tienen ingresos para desarrollar una ciudadanía plena?
Según la explicación dada por el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, el objetivo de este acuerdo es ayudar a las clases medias y trabajadoras que ahora tienen dificultades para llegar a fin de mes. Haciendo las cuentas a vuela pluma y sumando todos los contribuyentes que declaran rentas inferiores a 14.000 euros, habría unos 6,3 millones que no tienen ingresos suficientes para llegar de forma digna a fin de mes.
En este sentido, la edición digital de este diario publicaba este lunes pasado una información coincidente. Se trata del cálculo que han llevado a cabo dos consultoras barcelonesas –Ksnet y D’Alepf– sobre el importe del salario mínimo que necesita un barcelonés para vivir dignamente (“salario de vida” o “salario de referencia”). En el caso de Barcelona ciudad es de 1.251 euros al mes. Y de 1.182 en el caso de un ciudadano que viva en el área metropolitana. Por debajo de estos importes se entra en riesgo de pobreza. Como se ve, son importes que están en el rango de 14.000-17.500 del acuerdo entre Gobierno y Ciudadanos.
El segundo aspecto es cómo se va a financiar este recorte de ingresos fiscales. La información sobre el acuerdo evalúa el coste de esa medida en unos 2.000 millones de euros anuales. Pero no se ha dicho nada de cómo se va a financiar. Hay que pensar que se sacará de otros gastos.
En la situación en la que aún estamos, bajo los efectos de las medidas de austeridad, toda reducción de ingresos derivada de una medida de política social, aunque esté tan justificada como esta, debería venir acompañada de un incremento equivalente de ingresos por otras vías. De lo contrario, medidas de este tipo tienen el riesgo de ser vistas como electoralistas y poco responsables.
El tercer aspecto es quizá el más relevante. Como he dicho, está bien ayudar al que lo necesita. Pero abordar el problema de la creciente pobreza de ingresos de los hogares sólo a través de medidas redistributivas puede ser una forma de rehuir políticamente el afrontar la causa principal de la creciente falta de ingresos: los bajos salarios. Además de la redistribución de la renta a través de impuestos y gastos públicos, la reducción de la pobreza tiene que venir también de una mejor distribución de la renta por el mercado entre salarios y beneficios.
A pesar de la mejora de la actividad económica y del aumento del empleo, los salarios siguen estancados o a la baja. Dada la buena evolución de los excedentes empresariales, está claro que hay margen para mejoras salariales. Es el momento de compensar a los trabajadores por el esfuerzo de reducción salarial que hicieron en los años peores de la crisis. El Gobierno puede enviar señales para ello a través del salario mínimo.
Pero las administraciones públicas pueden desempeñar un papel importante en este proceso de corrección de la distribución de la renta y de lucha contra la pobreza. Consistiría en utilizar el “salario de vida” calculado como he dicho antes en parte de su propia política salarial, a la vez que fomentan un efecto arrastre en las empresas privadas que contratan con ellas. Es una práctica que vienen haciendo desde hace años administraciones públicas de países desarrollados con indudable éxito. Esta es una buena forma de ayudar al que no tiene ingresos suficientes.
La reducción de la pobreza ha de venir también de una mejor distribución de la renta por el mercado entre salarios y beneficios