Un juez, a favor de dejar en libertad a la urbana acusada de matar a su novio
La Audiencia de Barcelona confirmó la semana pasada el encarcelamiento de Rosa P., la agente de la Guardia Urbana detenida junto a su presunto amante, también policía, por el asesinato de su novio. La sección novena de la Audiencia adoptó la medida en respuesta a la petición de la abogada de Rosa P., que solicitó la puesta en libertad de su clienta alegando que no existía riesgo de fuga y que su participación en el crimen se limitó al encubrimiento. Sin embargo, la decisión de los tres jueces de la sala no fue unánime y contó sorprendentemente con un voto discrepante. Fue ni más ni menos que del presidente de la sala, Andrés Salcedo, quien se mostró favorable a poner en libertad a Rosa al entender que se vulneraron sus derechos durante la instrucción secreta del procedimiento.
Después de la última reforma del 2015 del Código Penal, la justicia está obligada a entregar a toda persona detenida un atestado que contenga los “elementos esenciales” sobre su imputación aunque a la causa esté bajo secreto sumarial.
En este caso, la detenida no tuvo acceso a ninguna información esencial que le permitiera ejercer su derecho de defensa ante una acusación tan grave. Por esta razón, el presidente de la sección novena de la Audiencia de Barcelona, en un voto particular redactado en dieciséis páginas, recordó que este derecho de acceder a los elementos esenciales de la acusación existe para que los abogados puedan articular una línea de defensa efectiva, un extremo que no se cumplió en este caso. Y concluyó que “se debe admitir la nulidad del auto de prisión sin necesidad de posteriores consideraciones”, lo que conllevaría la puesta en libertad de la detenida.
Aun así, la decisión de mantener entre rejas a Rosa P. se impuso en el seno del tribunal por dos votos a uno a pesar de que los otros dos jueces de la sala también reconocieron que se vulneró el derecho de la acusada al privarle de la revisión del atestado policial. En su caso, consideraron que el quebrantamiento de ese derecho no pesó tanto al haber indicios en su contra que indicarían su implicación en el crimen y del cual se derivará un proceso judicial que podría conllevar la imposición de penas elevadas.
Con todo, Rosa P. seguirá en la cárcel mientras el procedimiento judicial continua después del levantamiento del secreto del sumario. Después de dos meses de recopilación de indicios, la investigación apunta a que el asesinato de Pedro R., pareja de la detenida, respondió a un móvil sentimental. Y en él tuvieron una implicación directa Rosa P. y el otro detenido, Albert L., que no recurrió su envío a prisión.