Competencia recurre en el Supremo la regulación de Uber o Cabify

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha llevado al Tribunal Supremo su enfrentamiento con el Ministerio de Fomento por la regulación de los vehículos de alquiler con conductor (VTC), que operan a través de plataformas como Uber o Cabify. La CMNC recurrió este lunes ante el Alto Tribunal aspectos centrales del real decreto sobre las licencias VTC, aprobado cuando Ana Pastor era ministra de Fomento.

Ya a principios del año pasado el organismo que preside José María Marín Quemada sorprendió con un requerimiento a Fomento para que eliminara varios artículos del real decreto, que ahora llega al Tribunal Supremo. En ese momento, señaló entre los “obstáculos” para la competencia en el mercado del transporte urbano que disputan compañías como Uber y Cabify a los taxistas la limitación de una licencias por cada 30 de taxi. O la imposición a las VTC de contratar previamente el servicio, sin poder circular en busca de clientes. También puso en cuestión el artículo que restringe territorialmente la actividad de los conductores con licencia VTC (el 20% de los trayectos se han de realizar en la comunidad autónoma que concede el permiso).

Ante el silencio del Ministerio de Fomento, Competencia acabó interponiendo un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra el citado real decreto y una orden ministerial aprobada en noviembre del 2015 también sobre la regulación de las licencias VTC.

Según explicó la CNMC, la presentación ahora del recurso ante el Supremo sólo responde a la petición del propio tribunal, que se hace cargo de la reclamación sobre el real decreto. Mientras, el procedimiento sobre la orden ministerial “sigue su tramitación” en la Audiencia Nacional.

Como en todas las actuaciones hasta el momento de la CNMC sobre esta regulación, el organismo ha apelado a la ley de Garantía de Unidad del Mercado –anulada en parte por el Tribunal Constitucional– para reclamar la eliminación de la normativa impugnada. A su entender, “limitan la entrada y capacidad de competir de los vehículos de alquiler con conductor, reducen la competencia, y afectan negativamente a los precios, la calidad, la innovación y el bienestar en general”.