Al borde de la implosión
La organización del referéndum del 1 de octubre ha colocado al Govern de Catalunya al borde de la implosión. La tragedia se viene mascando desde hace algunas semanas. Algunos miembros del PDECat en el Ejecutivo catalán están dispuestos a que el 1-O acabe con su carrera política, pero no a que se lleve por delante su patrimonio y, por tanto, el de sus familias. Y ello, para colmo, sin haber participado directamente de las decisiones y con la sensación de que el balance de daños en el flanco de ERC es mínimo. El ambiente en el seno del Govern es asfixiante: suspicacias entre compañeros de gabinete, temores expresados a medias por miedo al apelativo de traición y sospechas de escuchas telefónicas que llegan a la paranoia aunque quizá tengan alguna base real.
La crisis se gestaba ya desde antes de la entrevista en la que el conseller Jordi Baiget expresaba sus temores y que dio pie a su expulsión del Consell Executiu. De hecho, el president Carles Puigdemont ya barruntaba la posibilidad de destituir a algún alto cargo (quien tenía más números era Joan Vidal de Ciurana, secretari del Govern y uno de los dirigentes que más han plantado cara a ERC y a la CUP en el último año) para dejar claro que, a partir de ahora, no valdrían medias tintas. Baiget ha sido el primer damnificado, a pesar de que, a priori, no era la actitud del conseller de Empresa la que precisamente le preocupaba más.
Pero esa destitución sólo ha acrecentado el malestar en el PDECat, que ve cómo las víctimas del proceso de desobediencia al Estado sólo se cobran en sus filas y no en las de ERC. Así que desde hace unos días varios consellers y cargos presionan a Puigdemont y a la dirección del PDECat para que aborde determinados cambios en la estrategia de cara al 1-O si no quieren que se produzca una crisis en el Govern que resultaría demoledora para la frágil situación del partido heredero de CDC.
Ese grupo reclamaba tres medidas a Puigdemont. La primera era la implicación efectiva de Oriol Junqueras en el referéndum, lo que ya ha desatado un pulso con ERC. La segunda consistía en apartar al sanedrín o pequeño núcleo de asesores externos en los que se apoya el president para pasar a compartir las decisiones con su gobierno, puesto que son ellos, y no esos extraños consejeros, quienes al final se juegan su futuro político y personal. Y, en tercer lugar, un giro en la organización del referéndum que pasa por la admisión de que es preciso externalizar parte de su montaje para evitar la imputación de integrantes del Govern por malversación de fondos públicos, lo que conlleva penas de prisión y embargo de patrimonio.
La mayoría de los consellers del PDECat están dispuestos a jugarse la carrera política y ser objeto de inhabilitación. Pero una buena parte no ve claro someterse a posibles penas de prisión y la pérdida de sus bienes, máxime cuando son conscientes de que las trabas del Gobierno central impedirán que el referéndum se celebre con las garantías plenas como para que sea vinculante. Temen que sólo se busque un detonante para movilizar a los catalanes en contra de Rajoy. Entre los consellers críticos con esa estrategia figuran la portavoz, Neus Munté, o la consellera de Educació, Meritxell Ruiz. Tampoco es compartida por el titular de Interior, Jordi Jané. Otros, como la consellera de Governació, Meritxell Borràs, no ven claro que sean los dirigentes del PDECat los más sacrificados mientras que los republicanos salen indemnes. El conseller Santi Vila hace ahora gala de fidelidad a Puigdemont, aunque durante meses aseguró que recelaba de la vía unilateral.
La demanda de que toda contratación se haga desde fuera del Govern para evitar los procesamientos por malversación supondría, de hecho, la admisión de que el 1-O se parecerá más al proceso participativo del 9-N que al referéndum con garantías y vinculante que han venido defendiendo Puigdemont y Junqueras. El líder de ERC insiste a diario en que se votará “como siempre” y eso supone que lo organiza el Govern, que habrá urnas de metacrilato (cuya compra, más cara que las de cartón, supone riesgo de malversación de fondos) o que se enviarán tarjetas censales a los domicilios de los votantes (lo que acostumbra a requerir la participación de los ayuntamientos). Pero renunciar a la premisa de que el 1-O es diferente al 9-N es un mal trago que no gusta a Puigdemont, ni a Junqueras ni tampoco a Artur Mas, que aboga por llegar hasta el final aunque haya que relevar a todo aquel que manifieste una discrepancia.
De hecho, si esas premisas no se cumplen, la posibilidad de que algunos salgan del Govern es alta. Puigdemont se ha visto cara a cara con los consellers del PDECat en los últimos días y sólo un
Miembros del Govern piden un giro: mayor implicación de ERC y que se evite caer en la malversación de fondos El ambiente en el Govern es asfixiante: suspicacias, medias insinuaciones y sospechas de escuchas
par de ellos se han mostrado dispuestos a llegar tan lejos como haga falta. Todos los demás expresan salvedades en mayor o menor grado. Otra cosa son las reuniones de grupo, en las que resulta mucho más difícil que ninguno evidencie sus temores.
El president intentó el pasado martes que Junqueras asumiera un cargo asimilable al de un comisionado para la organización del referéndum. De hecho, hace casi un año que le designó para esa tarea, pero no se hizo ningún nombramiento, así que no consta formalmente que el líder de ERC sea el responsable principal del 1-O. Durante todos estos meses se ha producido un tira y afloja entre consellers del PDECat, como la titular de Governació (contra quien ya hay una querella de la fiscalía), y el Departament d’Economia de Junqueras sobre quién debía apadrinar determinadas decisiones, como la compra de urnas. Junqueras ha abogado por colegiar las decisiones clave por parte de todo el Govern.
La marcha de algunos consellers dejaría al PDECat en una situación muy delicada porque serían los dirigentes de este partido los que quedarían señalados de forma maniquea como cobardes en un momento político en el que cualquier tibieza es asimilada a una traición por el bloque independentista. Sin embargo, tanto Puigdemont como Mas son firmes partidarios de forzar al Ejecutivo de Rajoy a tomar medidas represivas, aunque ello suponga sacrificar activos políticos del partido. En el caso de Mas, su implicación en el 9-N no sólo le ha comportado la inhabilitación política, sino que el Tribunal de Cuentas puede reclamarle a él y a tres de sus consellers más de cinco millones de euros.
La toma de decisiones más comprometedoras no tenía que llegar hasta septiembre, con la aprobación de la ley del Referéndum en el Parlament, pero las desavenencias en el seno del PDECat y entre este partido y ERC están provocando una crisis adelantada que presagia la envergadura de los acontecimientos previstos para después del verano.
La posible salida de consellers del PDECat dejaría a ese partido en una situación de mayor debilidad ante ERC