El Govern impone el secreto sobre la compra de urnas
Turull justifica la decisión en el “asedio judicial” del Estado para evitar el referéndum
El Ejecutivo de Puigdemont estudia “itinerarios” para eludir la acción judicial
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La compra de urnas es materia secreta. El Govern ha decidido actuar así para no dar pistas al Estado que puedan facilitar una nueva actuación judicial contra la celebración del referéndum, según acordó en su reunión de ayer, la primera después de la remodelación efectuada el pasado viernes por Carles Puigdemont. “El Govern ha analizado y compartido varios itinerarios para disponer de urnas, y una vez lo hayamos decidido ya lo anunciaremos”, se limitó a explicar el nuevo conseller de Presidència, Jordi Turull, en su estreno como portavoz. Y de aquí no se movió. Únicamente precisó que el mecanismo que finalmente se elija “estará obviamente dentro del marco de la legislación vigente”.
“Hemos entrado en una fase en la que, ante cualquier papel que mueve el Govern, el Estado se ha inventado un nuevo tipo delictivo, el de que ‘les ronda algo por la cabeza’”, lamentó el titular de Presidència, que a la vista de esta situación advirtió, con su habitual tono de vehemencia, que, “en este estado de asedio que vivimos, hemos decidido que la administración de la información la gestionaremos nosotros en el momento que creamos que es mejor al servicio del objetivo, que es que el 1 de octubre se votará”. De acuerdo con esta premisa, pues, el Govern no informará de la compra de las urnas hasta que el proceso “esté completado”, porque “no queremos añadir más dificultades al 1 de octubre, habida cuenta de que ya sabemos cómo las gastan”, y a pesar de que la CUP le está exigiendo, un día sí y otro también, que “no dilate más” la adquisición.
La voluntad mostrada la semana pasada por Oriol Junqueras y Raül Romeva de que en la reunión
NUEVA DINÁMICA
REORGANIZACIÓN INTERNA JOSEP GISBERT TONI MUÑOZ
de ayer pedirían asumir la competencia de la compra de las urnas quedó, en este contexto, en nada, y el portavoz del Govern lo atribuyó al simple hecho de que había sido un deseo expresado antes de que se produjera la remodelación. Si, a partir de aquí, y después del fiasco del concurso de la homologación de empresas para suministrarlas, la compra de urnas se producirá a través de una adjudicación directa, o incluso si el Govern ya dispone de ellas, es algo que, cuando menos de momento, permanecerá en el terreno de la incógnita. Lo que sí quiso dejar claro Jordi Turull es que, sea como sea, a partir de ahora todas las decisiones relacionadas con el referéndum el Govern las adoptará de forma colegiada, tal como había anunciado el propio presidente de la Generalitat al hacer pública la remodelación.
Y todo ello coincidiendo con el día en que, como consecuencia de la reorganización de funciones sobre el 1-O, decidida también con motivo de los cambios introducidos en el Govern, el Departament de la Vicepresidència asumía el área de procesos electorales, que hasta ahora estaba en Governació y se hacía cargo de todos sus recursos tanto humanos como materiales. Era la concreción de la idea de concentrar la gestión del referéndum en un único conseller, en este caso Oriol Junqueras, que se completaba con el anuncio de la primera reunión, en fecha próxima, del órgano de coordinación política de todas las actuaciones referidas a la consulta que integran Carles Puigdemont, el mismo vicepresident, el secretario del Govern –Víctor Cullell– y el secretario
“Gestionaremos la información como sea mejor para el 1-O”, avisa el nuevo portavoz Junqueras asume todos los procesos electorales, y se convoca el órgano de coordinación
general de la Vicepresidència –Josep Maria Jové– y a la que han sido invitados los consellers de Presidència, Jordi Turull, y Justícia, Carles Mundó.
Más allá de la nueva dinámica sobre la ejecución del 1-O, la primera reunión del nuevo Govern sirvió para hacer efectivos otros cambios derivados de la misma remodelación, referidos especialmente al ámbito de los nombramientos. Entre ellos destacó la aprobación del cese de Víctor Cullell como secretario para el Desenvolupament de l’Autogovern como paso previo a su designación como secretario del Govern, después de que en la toma de posesión del pasado viernes asumiera el cargo en funciones, y del nombramiento de Pere Soler como director general de los Mossos d’Esquadra. Unos nombramientos que, sobre todo en los departamentos afectados por la reestructuración interna, es previsible que se vayan completando en las próximas semanas.
El secretismo del Govern y las nuevas intenciones de adquisición de las urnas no paraliza, sin embargo, el procedimiento judicial abierto contra Meritxell Borràs por la convocatoria del concurso público para adquirirlas. Ayer el TSJC, a través de la magistrada instructora Mercedes Armas, dictó un auto en el que pide al Departament de Governació que le haga entrega en el tiempo más breve posible del acuerdo marco para el suministro de las urnas con el objetivo de esclarecer los hechos denunciados en la querella interpuesta por la Fiscalía. Se trata del expediente original que fue publicado en el Diari Oficial de la Generalitat el pasado 9 de mayo. El acuerdo fue declarado desierto después de que la Generalitat considerara que las empresas que concurrieron no cumplían con los requisitos técnicos. Aun así, el TSJC siguió adelante con la causa judicial contra Borràs y el que fue su mano derecha en la conselleria al entender que la convocatoria del concurso para adquirir las urnas no era “un hecho aislado”, sino vinculado al referéndum y que pretendía “infringir el mandato constitucional”.
Esta es la primera diligencia dictada por la magistrada cuyo menester hasta la fecha se ha centrado en resolver la aceptación a trámite de la investigación y sus recursos posteriores. La magistrada dictaminó la admisión de la querella al apreciar indicios de criminalidad en la actuación de la consellera Borràs y su ex mano derecha en el departamento, Francesc Esteve. La magistrada también rechazó el recurso presentado por Borràs en el que acusó a la Fiscalía de hacer un uso preventivo del derecho penal que vulnera el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Con la petición de ayer, se presume que Borràs y Esteve serán citados a declarar como investigados en los próximos días.
PARA ESCLARECER LOS HECHOS La magistrada Mercedes Armas reclama el original con la mayor brevedad