Garzón, asesor para la futura ley sobre niños robados

El juez Baltasar Garzón asistió ayer al Parlament de Catalunya para asesorar a los diputados en la elaboración de la futura ley sobre los niños robados durante el franquismo. Garzón, que está inhabilitado para ejercer su profesión, participó en el grupo de trabajo que lidera la diputada de Junts pel Sí Magda Casamitjana, con la intención de confeccionar una proposición de ley que llegue al pleno de la Cámara catalana en septiembre que otorgue a las familias afectadas la condición de víctimas de desapariciones forzadas. De esta manera, según informa la ACN, se les proporcionaría apoyo tanto jurídico como psicológico y social. Además, las familias recibirán ayuda para las acciones judiciales y de investigación policial; acceso a la información con la apertura de los archivos públicos y privados; se elaborará una base de datos genética para facilitar el reencuentro de las víctimas, y se abrirá una especie de ventanilla única para atender las peticiones y facilitar la gestión de los casos. Sin embargo, la comparecencia a puerta cerrada de Garzón no estuvo exenta de polémica. Antes de entrar en la sala, la CUP plantó a Garzón para denunciar las torturas a independentistas en 1992 cometidas por la Guardia Civil, según los afectados. La cupera Gabriela Serra, junto con cuatro de las víctimas –Ramon Piqué, Eduard Pomar, Ramon Lòpez y Pep Musté–, le entregó una copia de la declaración, firmada por él mismo, en la que los detenidos denunciaron torturas. Posteriormente, al acabar Garzón su comparecencia, aceptó recibirlos en la sala. Piqué y Lòpez explicaron a los periodistas que Garzón admitió que en aquellos años las torturas existían, que él hizo llegar las declaraciones a los juzgados correspondientes, pero que fue la Fiscalía la que no las investigó. / Redacción