Multa de 7 millones a FCC por el contrato de la limpieza
La empresa, acusada de fraude en la prestación del servicio, recibirá la máxima sanción posible impuesta por el Ayuntamiento
El expediente abierto por el Ayuntamiento de Barcelona a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) se ha saldado con la máxima sanción posible según la normativa vigente: más de siete millones de euros por incumplimiento del contrato de limpieza. Según el Ayuntamiento, se saltaron los acuerdos de separación de residuos y tenían menos personal contratado del que establecía el contrato público. Las malas prácticas detectadas fueron llevadas a cabo por la empresa entre el 2013 y el 2015 en Gràcia y la Esquerra de l’Eixample.
De los siete millones reclamados a FCC, cinco corresponden a sanciones y algo más de dos son en concepto de resarcimiento de servicios no prestados y daños y perjuicios. El expediente sancionador apunta que no se respetó la separación de envases y residuos orgánicos clasificados previamente por la ciudadanía ni se entregaron a las plantas de tratamiento correspondientes para evitar el salto económico de los tramos marcados en los pliegos del contrato. En cuanto al ámbito de la limpieza, se sanciona la falsificación de las prestaciones consignadas, las modificaciones de servicios sin causa justificada ni notificación previa, la aplicación sobre el terreno con menos operarios de los que tocaba y la utilización de sistemas de trabajo y maquinaria diferente a los pactados.
Los 2,1 millones de daños y perjuicios reclamados por el gobierno de Ada Colau responden al reintegro de 1,2 millones por los servicios certificados que no se llegaron a prestar o se hicieron con un número inferior de personas y 852.486 euros porque aunque la mezcla de residuos afectara a un 0,22% de las 18.800 toneladas de envases recogidas anualmente, el Ayuntamiento considera que “afecta muy negativamente a las políticas públicas de reciclaje y pone en riesgo la percepción de la ciudadanía sobre la recogida selectiva en la ciudad”, lo que al fin y al cabo desincentiva la separación de residuos.
Para el teniente de alcalde de Derechos de Ciudadanía, Transparencia y Participación, Jaume Asens, la empresa actuaba como “una trama organizada para burlar los controles internos que ha saqueado de manera continuada los recursos de un servicio público”. Acompañado del comisionado de Ecología, Frederic Ximeno, el teniente de alcalde hizo pública la sanción ayer con dos mensajes, uno de confianza y otro de contundencia. “Confianza porque hemos tomado las medidas oportunas para que no se repitan los hechos y contundencia porque no toleraremos el fraude a los servicios municipales; y si se produce, seremos implacables”, aseguró Asens, lanzando un aviso para navegantes tentados de cometer algún tejemaneje por el estilo.
Pese a todo, el gobierno municipal no prevé, de momento, la rescisión del contrato con FCC. Deja abierta la puerta a hacerlo en un futuro, pero, según Asens, el contrato representa un 0,7% de la facturación total de la empresa y la jurisprudencia indica que podrían perder el procedimiento judicial. De hecho, Asens reconoció que “es muy probable que acaben en los tribunales”.
El informe del Ayuntamiento ya se ha enviado a la Fiscalía y están a la espera de que se pronuncie el ministerio público. El expediente sancionador, por su parte, pasará por el plenario municipal este viernes, el mismo escenario que aprobó el contrato en su momento y que acordó iniciar el expediente sancionador en noviembre del año pasado, cuando salieron a la luz los documentos que probaban el fraude. FCC ya presentó alegaciones contra la propuesta de resolución sancionadora
El gobierno municipal no rescindirá el contrato del servicio, al menos de momento
y fueron desestimadas en su totalidad.
Una vez sea aprobado el trámite político, se trasladará a la empresa. Será entonces cuando la compañía podrá interponer un recurso de alzada, lo que llevaría el asunto a la justicia, el lugar en el que tiene todos los números de acabar dirimiéndose la disputa.
Mientras la sanción millonaria sigue su camino, el servicio de limpieza municipal ha reforzado las medidas de control del servicio puestas en marcha para garantizar que no se repite un caso similar. Desde que se descubrió el fraude, se han instalado sistemas de monitorización GPS en las máquinas, los trabajadores fichan de manera digital, se establece una trazabilidad de las rutas de limpieza... Fuentes municipales explican que se está trabajando también en la creación de una plataforma de acceso público a los datos del servicio y nuevas cláusulas administrativas para endurecer aún más el control y el régimen sancionador de la futura contrata de limpieza.
La disputa abierta se acabará dirimiendo en última instancia en los tribunales