La oposición concluye que hubo operación Catalunya
Podemos, ERC y PDCat anuncian una querella en la Fiscalía
La comisión de investigación del Congreso sobre la utilización partidista y con fines políticos del Ministerio del Interior, bajo el mandato de Jorge Fernández Díaz, cerró ayer sus puertas. Lo hizo justo un año después de que, el 20 de julio del 2016, el PSOE reclamara su creación, y tras desarrollarse, a trancas y barrancas, durante apenas cuatro meses. Y una mayoría de la oposición dio por acreditado lo que el propio nombre de la comisión ya prefiguró. Es decir, que en Interior “se creó una estructura policial bajo las instrucciones de Ignacio Cosidó, por orden de Eugenio Pino, con el conocimiento y consentimiento de Fernández Díaz, destinada a obstaculizar la investigación de los escándalos de corrupción que afectaban al PP, al seguimiento, la investigación y, en su caso, la persecución de adversarios políticos”. Una “policía política” que actuó contra el proceso soberanista catalán, en la denominada operación Catalunya, por ejemplo al tratar de atribuir una cuenta en Suiza a Xavier Trías. También actuó contra el PSOE y contra Podemos, y a favor del PP.
“Una inaceptable utilización partidista con fines políticos de los efectivos, medios y recursos de Interior y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con un abuso de poder que quebranta reglas esenciales de la democracia y del Estado de derecho”. Así lo determina el dictamen final de la comisión, basada en las conclusiones del PSOE, con el voto favorable también de Podemos, ERC, PDECat y PNV, la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del PP.
Todos los partidos salieron de esta comisión de investigación con la misma posición con la que entraron cuando se constituyó, el pasado 9 de marzo. Carlos Rojas (PP) denunció que todo ha sido “un paripé” para intentar aislar a su partido. “Siguen sin aceptar el resultado de las urnas”, lamentó de la oposición. “Las conclusiones son muy claras: no hay caso, no hay causa y no hay responsabilidad política. Ha quedado acreditado que no hubo ninguna conspiración, ni una utilización partidista de Interior, jamás hubo una operación Catalunya”, zanjó Rojas, tras despedir el “sainete”.
La mayoría de la oposición, aunque divida, decantó la balanza en sentido opuesto a las conclusiones del PP. “El dictamen aprobado pone de manifiesto que hemos vivido una de las páginas más negras de nuestra democracia”, subrayó Juan Carlos Campo (PSOE). “Todo nos lleva a concluir que sí había una policía política en Interior”, corroboró David Serrada (PSOE). Irene Montero y Gloria Elizo (Unidos Podemos) declararon su satisfacción al haber “quedado claro” el uso partidista de Interior. Pero consideraron “insuficientes” las conclusiones de la comisión, debido a su “cierre precipitado”, pese al “acuerdo de mínimos” sellado ayer por la oposición. Anunciaron así que Unidos Podemos presentará una querella ante la Fiscalía General del Estado, por si de las responsabilidades políticas que consideran acreditadas se pueden derivar otras responsabilidades penales. “Hay indicios importantes”, apuntó Elizo.
Gabriel Rufián (ERC) y Sergi Miquel (PDECat) anunciaron por su parte que también presentarán una querella. “Lo que hicieron era un nuevo GAL. Este no mataba, sólo perseguía a la disidencia”, denunció Rufián, que lamentó que “la pinza” del PP, PSOE y Cs no aprobara que sea el propio Congreso quien lleve las conclusiones de la comisión a la Fiscalía. Miguel Gutiérrez justificó no obstante la abstención de Cs en que lo único que entienden que quedó acreditado en la investigación parlamentaria fue “la incompetencia” de Fernández Díaz y de Cosidó, que causó “un cúmulo de confusión”. Pero no que orquestaran la persecución de los adversarios políticos del PP: “Yo no he visto prueba ninguna”, zanjó Gutiérrez.
Y Mikel Legarda (PNV), que presidió la comisión, resumió el dictamen final: “No ha habido pruebas de cargo indubitadas, pero hemos llegado a la conclusión a partir de una multiplicidad de indicios concurrentes”. El dictamen final será elevado ahora al pleno del Congreso, que lo votará ya en septiembre.
El dictamen denuncia una “utilización partidista de Interior con abuso de poder”