El TC anula el canon digital catalán
El Constitucional exhibe las discrepancias de fondo en su seno sobre la capacidad impositiva de las autonomías
El Tribunal Constitucional (TC) se ha partido en dos en la sentencia que anula el canon digital catalán, mostrando que en el seno de la institución conviven dos tendencias opuestas sobre la capacidad impositiva de las comunidades autónomas. La mayoría conservadora del TC ha estimado el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno contra dicha normativa, que gravaba con 0,25 euros/mes a los operadores de comunicaciones electrónicas por cada contrato de servicio de acceso a contenidos de redes de comunicaciones electrónicas. La Generalitat ha ingresado por esta vía alrededor de 33 millones de euros.
La sentencia ha sido aprobada por 7 votos a 5. El argumento esencial de la mayoría conservadora para anular dicha figura impositiva es que incide en el mismo ámbito que el IVA. El fallo razona que la potestad que la Constitución atribuye a las autonomías para establecer sus propios impuestos tiene entre otros los límites que fija el artículo 6.2 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca). Dicho precepto dispone que “los tributos que establezcan las comunidades autónomas no podrán recaer sobre hechos imponibles gravados por el Estado”.
El concepto clave, por tanto, es el de “hecho imponible”. La doctrina del Constitucional ha evolucionado en los últimos años a este respecto, para permitir lecturas interpretativas del precepto, con el objetivo de no cerrar el paso a la capacidad impositiva de las comunidades autónomas. Los cuatro magistrados de la minoría progresista –Valdés dal-Ré, Conde Pumpido, Xiol y Balaguer–, apoyados en este caso por la vicepresidenta del TC, Encarna Roca intentaron mantener esta línea, que suponía analizar a fondo los elementos constitutivos de ambos impuestos, para diferenciarlos.
Así, mientras la mayoría del Constitucional –compuesta por su presidente, González Rivas, y los magistrados Martínez Vares, González Trevijano, Enríquez, Ollero, Montoya y Narváez– considera que el hecho imponible en el caso del canon digital es el mismo que el gravado por el IVA, los discrepantes estiman que lo que se grava con la normativa de la Generalitat es la prestación del servicio de acceso a las comunicaciones electrónicas. Es decir, la actividad llevada a cabo por los operadores del sector.
Por tanto –afirman en su voto los disidentes– la materia gravada es la renta obtenida por dichos operadores en el ejercicio de su actividad económica. El IVA, en cambio, grava con carácter general todas las prestaciones de bienes y servicios realizadas por las empresas en el marco de su actividad y, entre ellas, los servicios de comunicaciones.
El criterio mayoritario, en cambio, ha sido que “si el único llamado a contribuir es el (...) operador que presta el servicio, el hecho imponible auténticamente gravado sólo puede ser el realizado por él (...) y por tanto ha de ser la prestación de este servicio, y no su disponibilidad por el usuario”. Es de este modo –concluye la resolución– como “el hecho imponible del impuesto recurrido viene a coincidir con el hecho imponible del impuesto sobre el Valor Añadido”, el IVA.
Estos argumentos no convencen a la Generalitat, cuyo conseller de Presidència y portavoz, Jordi Turull, dijo ayer que el fallo es “un golpe a las finanzas y al sector audiovisual”. Turull añadió que las leyes catalanas están en vigor menos tiempo del que el Parlament tarda en debatirlas y aprobarlas.
Los conservadores se impusieron por 7 votos a 5 a la minoría progresista, apoyada por Encarna Roca