El Govern denuncia que los catalanes “son discriminados por lo que votan”
ERC y PDECat piden la comparecencia de Montoro en el Congreso y el Senado
Cs y PSC rechazan que el Gobierno español condicione el pago del FLA a los gastos del referéndum
La nueva decisión del Gobierno español para intentar impedir la celebración del referéndum del 1-O es, para el Govern, una “amenaza” más y la muestra de que los ciudadanos de Catalunya “son discriminados por lo que votan”. “El 27-S los ciudadanos votaron a formaciones que están a favor de la independencia y ahora el Gobierno del Estado quiere incrementar la discriminación ideológica en razón de lo que votaron”, lamentó el secretario de Economia, Pere Aragonès, que denunció que el paso dado ayer por el Gabinete del PP en contra de la consulta de autodeterminación “confirma que los que votan diferente son penalizados”.
El miembro del Departament d’Economia que encabeza Oriol Junqueras constató, en todo caso, que el anuncio de condicionar el pago del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) a la certificación semanal de que la Generalitat no gasta en el referéndum es, en realidad, una amenaza a los proveedores, los funcionarios y los servicios públicos” que persigue “ponerlos en riesgo para que no pongamos las urnas” y “extender el miedo y la amenaza”. “Es una medida que no va contra el Govern, sino contra los ciudadanos de Catalunya, porque pone en riesgo los servicios fundamentales y busca el colapso de la Generalitat”, subrayó Pere Aragonès, que de todos modos advirtió que se trata de una actuación que “pone en riesgo al propio Estado español, porque si colapsan las finanzas de la Generalitat, también colapsará el Estado”.
El Govern ya tiene la obligación, desde finales del 2015, de presentar un informe mensual sobre el destino de los gastos que realiza, por lo que el secretario de Economia entiende que el Gobierno español está llevando a cabo simplemente una “campaña de propaganda del miedo”, aunque admite que la medida supondrá “más carga burocrática, más obstáculos y más dificultades”. “La Generalitat, de facto, está intervenida desde que se acogió al FLA al 2012, el resto es propaganda nacionalista española”, recordó Pere Aragonès, que sentenció que “se piensan que amenazando a los ser- vicios públicos de Catalunya los ciudadanos renunciarán a su derecho a voto”. El Govern, en este contexto, está plenamente decidido a seguir actuando como lo viene haciendo hasta ahora y considera que podrá mantener tanto su compromiso de pagar a los proveedores como de preparar el referéndum. “No caeremos en la trampa del miedo y actuaremos con inteligencia y responsabilidad”, garantizó el cargo del departamento de Economia.
Una posición que las formaciones que integran el Govern lógicamente compartieron. ERC y PDECat, en concreto, reclamaron la convocatoria urgente de la diputación permanente del Congreso a fin de forzar una comparecencia del ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, para dar explicaciones sobre un caso que, según Ferran Bel (PDECat), “constituye una agresión contra los servicios públicos catalanes y contra las personas que viven en Catalunya” y en el que Ester Capella (ERC) considera que “el Gobierno español vuelve a demostrar que ya sólo sabe atizar el miedo para disuadir a los catalanes de decidir libremente su futuro en el referéndum”. El PDECat, además, también pidió por su cuenta la comparecencia del mismo Cristóbal Montoro en el Senado. Catalunya en Comú se sumó igualmente a la crítica y Xavier Domènech habló de forma explícita de “ataque a los derechos nacionales de Catalunya” que puede acabar motivando que el PP “encuentre a los comunes frente a ellos”.
Otras formaciones políticas, en cambio, expresaron criterios distintos, aunque en general coincidieron en rechazar que se condicione el FLA a los gastos sobre el referéndum. En este sentido, Carlos Carrizosa, de Cs, reivindicó que las transferencias del FLA son “para cuestiones que importan a todos los catalanes” y censuró que el Gobierno español utilice estos recursos como “condicionamiento político ante lo que pueda realizar el Govern”. Y Alicia Romero, del PSC, criticó la “amenaza” del gabinete del PP, al que reprochó que la utilice como “coacción” ante la evidencia de que “el FLA es necesario para la Generalitat”. “Las relaciones están muy enrarecidas y hace que haya declaraciones de este tipo, que nosotros rechazamos”, precisó.