El Consell de Garanties cuestiona la ley tributaria
La oposición celebra un nuevo golpe a la “desconexión”
El Consell de Garanties Estatutàries (CGE), órgano consultivo de la Generalitat, dictaminó ayer por unanimidad que un artículo y tres disposiciones adicionales de la proposición de ley del Codi Tributari de Catalunya, una norma clave para la “desconexión” fiscal, vulneran la Constitución.
El dictamen había sido solicitado el 21 de junio por los grupos del PSC y Catalunya Sí que es Pot (CSQP) en el Parlament, al considerar que algunos preceptos de esta proposición de ley, el esqueleto de la futura ley de la Hacienda catalana, no se adecuaban al marco constitucional.
El CGE asegura que tanto el artículo 111-4 como las disposiciones adicionales sexta, séptima y octava del libro segundo vulneran la Constitución. El artículo señalado contraviene el principio de seguridad jurídica que recoge la Carta Magna, ya que a la hora de citar las “fuentes del ordenamiento tributario” alude al “bloque de constitucionalidad”, pero evita referirse explícitamente a la Constitución y al Estatut. “La Constitución es de cita ineludible en el precepto que estamos examinando, ya que es la norma en la que se basa el ordenamiento jurídico y, en consecuencia, el ordenamiento tributario en su integridad”, sostiene el Consell.
Este organismo considera que el artículo debería haber incluido una referencia expresa a la Constitución y al Estatut para evitar que quede amenazado el principio de seguridad jurídica. También estima inconstitucionales las disposiciones adicionales sexta, séptima y octava del libro segundo del Codi Tributari, relativas al sistema de acceso a los cuerpos superiores de inspectores, técnicos y gestores tributarios de la Generalitat. Estas disposiciones establecen, en el periodo 2017-2024, un sistema de pruebas de acceso a la función pública “de naturaleza restringida”, dado que las convocatorias se dirigen exclusivamente a determinados colectivos de funcionarios de la Generalitat. Para el CGE, estos procesos de selección, “por motivo de un pretendido motivo de excepcionalidad”, impedirían que se pudiera aplicar “la regla general de la libre concurrencia”.
El Consell recuerda que en la jurisprudencia actual los únicos supuestos que permiten exceptuar la regla general del principio de igualdad, es decir, de libre acceso a las pruebas para ingresar en la función pública, son las que prevé el Estatuto Básico del Empleado Público, relativos a la promoción interna y la discriminación positiva. Sin embargo, los argumentos del preámbulo de la proposición de ley “no se adecúan a los tipos de la promoción interna ni de la discriminación positiva”, remarca el CGE, que ve así vulnerado la igualdad en el acceso a la función pública que garantiza la Constitución.
Las reacciones no se hicieron esperar. Mientras que Junts pel Sí quitaba hierro a la decisión del
Constitucional catalán porque avala “el contenido esencial” del texto, la oposición parlamentaria la evaluó como un nuevo golpe a los planes del Govern. El portavoz de Cs, Carlos Carrizosa, indicó que el dictamen supone otra “luz roja” de este órgano al Govern y, en concreto, al vicepresident y conseller de Economia, Oriol Junqueras. “También le da un varapalo porque quería que el acceso a la función pública no respetara el principio de igualdad”.
Carrizosa subrayó que la decisión del Consell es unánime y que sus miembros han sido escogidos en su mayoría por JxSí. Recordó que el CGE también dictaminó en contra de disposiciones adicionales del referéndum de los presupuestos de la Generalitat, y expresó su deseo de que esta vez el Govern asuma “su fracaso”.
La diputada socialista Alicia Romero y el portavoz de CQSP, Joan Coscubiela, defendieron que el Consell “desautoriza” la estrategia del Govern de llevar a cabo una “desconexión” unilateral de Catalunya del resto de España.
En rueda de prensa, Coscubiela destacó que el informe “deja claras las competencias del Estado y que se debe respetar el ordenamiento jurídico” y recordó que no es la primera vez que el órgano emite un dictamen desfavorable al Govern. “Quizás ha llegado el momento de que Carles Puigdemont se plantee si tiene sentido seguir con una estrategia de desconexión desautorizada cada quince días por el Consell”.
Romero dijo que la ley vulnera “el criterio de igualdad en el acceso a la función pública, principio básico del Estado de derecho”. “El Consell nos da la razón, ya que la ley no puede no acogerse a ningún ordenamiento jurídico. El Govern no puede obedecer por la mañana y por la tarde intentar desconectar”, añadió.
La oposición recordó que el dictamen pasará ahora por la Mesa del Parlament, que debería dar tres días a los grupos para que pueden presentar enmiendas, lo que impediría que la ley se votara en el próximo pleno.
DICTAMEN POR UNANIMIDAD El órgano consultivo detecta puntos inconstitucionales en la proposición
REACCIONES Ciutadans ve otra “luz roja” al Govern, y el PSC y CSQP le piden que cambie de rumbo