Sentencia contra el canon digital
LA anulación por el Tribunal Constitucional del llamado canon digital –un impuesto aplicado por la Generalitat a las empresas operadoras de internet para ayudar e impulsar el sector audiovisual catalán– es una sentencia judicial que plantea un debate sobre el coste de la cultura y sobre la capacidad fiscal de las autonomías para establecer sus propios tributos y superar las limitaciones de un marco de financiación claramente insuficiente. El hecho de que dicha sentencia haya contado con los votos negativos de cinco magistrados alienta aún más ese debate.
El Tribunal Constitucional, en su fallo en contra del canon digital, entiende que este impuesto grava el mismo hecho imponible que el IVA, por lo que excede del ámbito de la potestad tributaria de la comunidad autónoma. Con esta sentencia, la alta magistratura da la razón al recurso de inconstitucionalidad presentado en su día por el Gobierno central, en lo que supuso una falta de sensibilidad cultural y política, ratificada ahora por el Alto Tribunal.
Sin embargo, como afirman algunos de los promotores del canon digital, la sentencia del Constitucional no va directamente contra la razón de ser del canon sino que sólo discute una cuestión competencial. Recuerdan, en este sentido, que la ley catalana del canon digital ya tuvo en cuenta la sentencia del Tribunal de Luxemburgo que en el 2014 dio la razón al Estado francés por una ley similar que había sido recurrida por el Ejecutivo europeo. El sujeto pasivo del canon digital son las compañías operadoras de internet, con una cuota fija de 0,2 euros al mes por cada conexión contratada en Catalunya, ya sea a través de telefonía fija o de dispositivo móvil. El redactado de la ley ponía de manifiesto que la creación de este impuesto no debía comportar ninguna carga tributaria a las personas que tenían contratados estos servicios, ya que fijaba que eran los prestadores los que debían pagar la cuota tributaria sin posibilidad de repercutirla en el consumidor, con lo que en principio debía evitarse la doble tributación a la que se refiere el Tribunal Constitucional. De ahí el voto en contra de los cinco magistrados.
A través del canon digital, la Generalitat, en los dos últimos años, ha gravado a los proveedores de contenidos en internet y ha destinado la recaudación –prevista inicialmente en unos veinte millones de euros anuales– al fomento de la producción audiovisual.
De entrada la sentencia supone un golpe para el sector audiovisual catalán –productores de cine, de televisión y de videojuegos, entre otros–, para el que las ayudas recibidas en estos años han sido claves para superar la crisis y elevar los niveles de producción y de calidad. Pero la sentencia también crea problemas presupuestarios a la Generalitat, ya que deberá devolver a las operadoras los 34,6 millones de euros recaudados desde el año 2015.
Para superar los problemas que la sentencia pueda crear en el sector audiovisual, la Generalitat ha anunciado que mantendrá la concesión de las ayudas mientras impulsa otra nueva ley, con los mismos objetivos, que pueda superar los obstáculos legales señalados por el Tribunal Constitucional. Pero en suma, con el debido respeto a las decisiones judiciales, la sentencia en cuestión es discutible ya que acaba con una tasa que no ha ocasionado problemas tributarios ni ningún rechazo social ni empresarial, y que favorece la cultura y la economía del país.