El cine catalán muestra su indignación ante la anulación del impuesto
La Generalitat se compromete a mantener la aportación económica perdida con la sentencia
Esto no es Juego de tronos, aunque ayer parecía que el invierno había llegado al audiovisual catalán.
“¡Un día negro para todos!” según Raimon Masllorens, presidente de los Productores Audiovisuales Federados (Proa), la asociación que aglutina en su seno dos centenares de productoras catalanas. “Un golpe duro” para Isona Passola, presidenta de la Acadèmia del Cinema Català. “Algo terrible para el audiovisual en su conjunto”, según buena parte de los representantes del sector reunidos de emergencia con Lluís Puig, conseller de Cultura de la Generalitat.
La sentencia del Tribunal Constitucional que anula el canon digital –y que en buena medida ha servido para financiar la producción cinematográfica catalana desde su promulgación el pasado año– se vive
con indignación y preocupación. Y también con una sospecha: la situación política en Catalunya, con el referéndum programado por la Generalitat de por medio, ha influido, y mucho, en el redacción final de la sentencia.
“Como asociación con diferentes sensibilidades en su seno, habíamos evitado hasta ahora introducir valoraciones políticas en nuestra actividad”, dice Raimon Masllorens. “Pero con la sentencia de por medio, no puedo evitar pensar que el sector de la producción en Catalunya vive una persecución. ¿Cómo se puede entender, si no, una sentencia que amenaza con la extinción a la mitad de nuestros asociados, unas doscientas productoras?”, se pregunta el productor.
El monto recaudado hasta el momento por el impuesto –cifrado por los productores en unos 33 millones de euros– representa más del cincuenta por ciento del dinero que la administración catalana ha dedicado a la promoción del audiovisual desde la promulgación del mismo, en noviembre del 2014. Las operadoras de internet han hecho efectivo su pago con absoluta puntualidad. “Sin esta ayuda no se hubieran podido rodar películas como Estiu 1993, de Carla Simón, ni El Rei borni, de Marc Crehuet; ni unos noventa documentales más y 20 series de televisión, dice el patrón de los productores catalanes.
Para Valerie Delpierre, productora de Verano 1993, filme premiado en Berlín, “la derogación pone en peligro el futuro de la industria, y no acabo de entender el motivo”. “Estoy indignada; todos los estamos”, dice a su vez Isona Passola. “La tasa fue aprobada con el voto favorable de Junts Pel Sí, PSC, Catalunya Sí que es Pot y la CUP, y solo tuvo dos abstenciones. Creo que es la primera vez que el Parlament aplaude un impuesto”, recuerda la presidenta de la Acàdemia. “Creo que es una medida política contra el cine”, añade. “He hablado con el presidente Puigdemont y me ha transmitido su convencimiento de que esta medida forma parte de la política de acoso y derribo del estado”.
El conseller de Cultura, Lluís Puig, se reunió ayer con una nutrida representación del audiovisual para analizar la situación en la que deja la sentencia. Puig aseguró a los representantes de PROA y PAC, las dos grandes asociaciones de productores; Camilo Tarrazón, en representación del Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya, así como la asociación de guionistas (GAG), la asociación de festivales de Catalunya, la misma Isona Passola de la Acadèmia y otras asociaciones profesionales, que el Govern estudia todas las posibilidades para que el sector audiovisual no se paralice. “Si es necesario, impulsaremos una nueva ley y estableceremos los mecanismos legales para que quede garantizada la contribución del impuesto al sector audiovisual”, afirmó ayer el conseller. Más concretamente, Puig se comprometió con los productores de PROA a mantener íntegra la aportación del impuesto durante los dos próximos años, calculada en unos 20,5 millones de euros al año.
RAIMON MASLLORENS “El sector de la producción en Catalunya vive una persecución” ISONA PASSOLA “Puigdemont está convencido de que la sentencia forma parte de la política de acoso”