Un juez investiga presiones de un alto cargo a peritos del 3%
Dos funcionarios declaran ante la Guardia Civil
Un juez está investigando si una directora general de la Generalitat presionó a peritos del caso del 3%, a fin de conocer sus informes y controlarlos antes de que llegaran al magistrado que lleva esta causa. El Departament de Governació negó ayer los hechos y atribuyó la situación a un conflicto laboral por la reestructuración de un área.
Los informes que emitieron versan sobre la adjudicación de obras en varios ayuntamientos catalanes. Uno de los peritos, que han declarado ante la Guardia Civil, afirmó que una directora general de la Conselleria de Governació le dijo: “Siempre será mejor que lo controlemos nosotros que que lo controlen los otros, así lo podremos controlar mejor”.
Como es sabido, el juzgado de instrucción número 1 de El Vendrell y la Fiscalía Anticorrupción indagan la adjudicación de obra pública en Catalunya, bajo la sospecha de que las adjudicaciones se efectuaron a empresas que realizaran donaciones a las fundaciones de CDC.
En el marco de esta causa, el juez ha designado a varios peritos para que emitieran informes sobre los procesos de licitación. Las alarmas saltaron cuando uno de ellos remitió su análisis conteniendo el siguiente párrafo: “Este informe se emite con total independencia, imparcialidad y confidencialidad por parte del firmante, a pesar de los requerimientos de información recibidos”. Se da la circunstancia de que esta persona es funcionario de Administració Local de la Generalitat, y que las peticiones eran de sus superiores jerárquicos.
Este funcionario compareció ante la Guardia Civil y declaró que la directora general de la que dependía le indicó que no debía emitir ningún informe al juzgado que no fuera validado por ella, y que “siempre será mejor que lo controlemos nosotros que lo controlen los otros”. El perito le negó, siempre según su testimonio, la información, y entonces su jefa le expuso que ocupaba un puesto de libre designación “y que lo mínimo que se le podía exigir era lealtad”. Con posterioridad, solicitó una excedencia que le fue denegada, lo que interpretó como una represalia porque era la primera vez que ocurría, por lo cual ha interpuesto un recurso contencioso administrativo en los juzgados de Barcelona.
Otra funcionaria de la Conselleria de Governació de la Generalitat, que asimismo fue designada perito, también declaró ante la Guardia Civil para explicar que la misma superior le indicó que no debía enviarse ningún informe al juzgado sin que ella lo hubiera visto y que se le recordó esto varias veces. También añadió que se negó y que posteriormente a estos sucesos fue destituida de su ocupación en la Generalitat, cese que recurrió judicialmente y que ha sido suspendido. En este sentido, añadió que su abogada también recibió presiones para que dejara de representarla.
La Guardia Civil elaboró un atestado con los testimonios de los funcionarios al juzgado de El Vendrell que se encarga de la causa del 3%, y este remitió las diligencias a otro juzgado de la misma localidad, el número 2.
Una portavoz del Departament de Governació negó ayer que se
La Guardia Civil ha tomado declaración a los peritos y ha enviado un atestado al juzgado de El Vendrell
hubieran producido presiones a peritos y atribuyó los sucesos a un conflicto laboral, suscitado cuando el cargo de Administració Local procedió a una reestructuración del personal de su área. Asimismo, añadió que la directora general afectada se ha puesto a disposición del juez para aclarar estos acontecimientos y que confían en la justicia.