Otro caso de financiación irregular del PP salpica al secretario de Seguridad
Un nuevo caso de corrupción atribuido al PP apareció ayer de la mano de la documentación unida a la causa sobre el caso Púnica. Esta vez, el foco está en Córdoba, y el asunto salpica al secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, quien ya tuvo que dar explicaciones en el Congreso por haber recibido a Pablo González, hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, en plena investigación sobre el caso Lezo, relativo al saqueo del Canal de Isabel II, la empresa pública que nutre de agua a Madrid.
El hecho ahora desvelado se refiere a que el PP cordobés cargó gastos de la campaña electoral del 2008 en Andalucía a una constructora en concepto de estudios sociológicos, según se desprende de unos correos electrónicos incorporados al sumario del caso Púnica. Los hechos tuvieron lugar cuando el actual secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, era presidente del PP cordobés. El PSOE le pidió ayer que dé explicaciones urgentes y Podemos ya exigió su dimisión.
Los correos citados constituyen un conjunto de comunicaciones de dirigentes populares entre febrero y abril de dicho año. La sociedad Hitos Urbanos, filial del grupo inmobiliario Prasa, habría efectuado estos pagos por trabajos realizados presuntamente por una agencia de publicidad investigada en la trama. Precisamente Prasa es el holding propietario de la finca donde se suicidó la pasada semana el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa.
En uno de los correos se hace mención a una factura por un total de 12.000 euros y otra “por el resto de importe pendiente al PP de Córdoba”, ambas con el concepto de “estudio sociológico”. En otro se insiste en que las presuntas facturas amañadas se emitan con una fecha posterior a las elecciones. Los pagos se efectuaron tanto a nombre del grupo popular en el Ayuntamiento de Córdoba como del PP cordobés de acuerdo con la conversación mantenida entre los interlocutores que hacen hincapié en no sobrepasar el límite de gasto establecido para los pagos. El presidente del PP de Córdoba, Adolfo Molina, manifestó a su vez ayer que en el PP cordobés “no hay financiación ilegal” porque “siempre ha cumplido escrupulosamente la ley al financiarse con fondos propios y, las distintas campañas electorales, con los fondos asignados por la dirección nacional para gasto electoral”.