Pacto contra la violencia de género
EL hecho de haber logrado un pacto de Estado entre todas las fuerzas políticas para articular un amplio conjunto de medidas contra la violencia de género es un paso de gran trascendencia, como a nadie se le oculta, para combatir esta lacra social que ha ocasionado más de novecientas muertes en los últimos quince años. La clave es que, a través de la implementación de este pacto de Estado, la voluntad política que expresa se traduzca en el cambio social que se necesita.
Los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado han consensuado hasta un total de 266 propuestas y recomendaciones, tanto legales como administrativas, que se concretan en un texto de setenta páginas y que ha requerido varios meses de estudios, de comparecencias de expertos y de negociaciones. El objetivo es articular un frente de actuaciones con el fin de acabar con la violencia machista, entendida como aquella que está amparada en la dominación masculina y en la cosificación de la mujer. A partir de ahora esta violencia no se circunscribirá sólo al entorno de la pareja, sino que se ampliará a aquellos ataques a la mujer por el hecho de ser mujer, sea cual sea el ámbito en el que se produzcan.
Ha sido importante la labor realizada para concretar los puntos de acuerdo y aparcar los aspectos más polémicos, en un ejemplo de lo que debe ser la práctica parlamentaria para avanzar en reformas que beneficien al conjunto de la sociedad. Se podría haber hecho mucho más, como se reclama desde algunos grupos, pero en cualquier caso es un paso importante. Los acuerdos alcanzados en el citado pacto de Estado no sólo quedan plasmados en palabras, sino que también van acompañados de una dotación presupuestaria, fijada en mil millones de euros para los próximos cinco años, para propiciar su ejecución, aunque podrían no ser suficientes para llegar a cubrir todos los objetivos planteados.
El acuerdo contempla mejorar la prevención y sensibilización, para lo que se considera imprescindible la educación en todos los niveles. La formación, además, deberá extenderse a todos los operadores jurídicos, sanitarios, policiales, servicios sociales y medios de comunicación. Las campañas de sensibilización se ven, asimismo, necesarias para la concienciación e implicación social.
También se incluyen medidas que se centran en reformas dirigidas a mejorar la asistencia, el apoyo y la atención a las víctimas, en los sectores de la sanidad, la asistencia psicológica, jurídica, económica y social. Asimismo, se establece una mejora de los protocolos de coordinación entre los diversos organismos para atender a las víctimas. Los ayuntamientos, en este sentido, recuperan las competencias en violencia de género y tendrán un papel fundamental porque crearán unidades especiales de apoyo para identificar alas víctimas y ayudarles a dar el paso de denunciar. Sin embargo, la mujer maltratada, a partir de ahora, no tendrá que presentar denuncia para acceder a ayudas sociales y recibir acompañamiento. El pacto de Estado contempla, en su conjunto, una larga serie de propuestas de modificaciones legislativas y judiciales, como el hecho de que la confesión del maltratador deje de ser un atenuante.
Resulta fundamental, después de los esfuerzos realizados para llegar hasta aquí, que este pacto de Estado que se ha logrado se aplique con eficacia, para evitar que se quede sólo en una expresión de buena voluntad colectiva y pueda incidir en una verdadera transformación social. Para ello es crucial que se pueda crear una subcomisión parlamentaria que haga un estricto seguimiento de control para su adecuada aplicación.