Satisfacción vecinal y oposición de los transportistas al pacto de la N-340
Tras años de cortes en la carretera y denuncias por la siniestralidad y el colapso de la N-340 a su paso por las Terres de l’Ebre y Tarragona, los vecinos ven la luz al final del túnel. Satisfacción tras el anuncio de la Generalitat de haber alcanzado un acuerdo con el Ministerio de Fomento para el desvío obligatorio y bonificado de los camiones por la AP-7 y la gratuidad de la autopista para los trayectos internos. “Es un acuerdo positivo, hay que adoptar una solución, por lo que damos nuestro apoyo. Pero que se haga de una vez, que los camiones vayan por la autopista y a poder ser con una bonificación mayor, y que los vecinos podamos utilizar la AP-7 de forma gratuita”, sostiene Josep Baubí, presidente de la Federació d’Associacions de Veïns de Tortosa (Baix Ebre), entidad que ha luchado desde hace tres años contra la mortandad de la N-340.
El día después del anuncio de acuerdo en boca del conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ante los alcaldes de los municipios afectados, el Ministerio de Fomento no confirmó ayer ni desmintió el pacto por la N-340. Lo más probable es que el pacto entre la Generalitat y Fomento no se escenifique, con todos los detalles, hasta el mes de septiembre y que las nuevas medidas no entren en vigor hasta finales de este año o principios del 2018.
Otra de las incógnitas por resolver es saber cómo el Gobierno español tranquilizará los ánimos de los transportistas, uno de los grandes usuarios de la N-340 a su paso por el Ebro y las comarcas del norte de Tarragona en sus trayectos hacia València o Barcelona. A la oposición a un desvío bonificado parcialmente del sector del transporte, con gran capacidad de presión y movilización, se había atribuido parte del bloqueo en el conflicto abierto por el colapso y la siniestralidad de la vieja carretera, que hace casi tres años que dura. Los camioneros se oponen a tener que pagar con si dinero parte de la solución en la N-340.
La Federació Empresarial d’Auto Transports (FEAT) de Tarragona expresó ayer su rechazo a que se bonifique a los camiones obligados a desviarse de la N-340 a la AP-7 entre el 42,5% y el 50% del peaje, en función del tipo de recorrido, como la Generalitat puso encima de la mesa en la reunión con los alcaldes. Los transportistas esperan que se llegue al menos a bonificaciones entorno al 75%, como se ha hecho en otras partes del Estado.
Ni en el Ebro ni en Tarragona olvidan que las medidas anunciadas ahora no dan respuesta a su reivindicación de fondo: poder disponer de una vía rápida totalmente gratuita, sea la AP-7 libre de peajes o la largamente esperada prolongación de la autovía A-7, con un único tramo en l’Hospitalet de l’Infant (Baix Camp) y Altafulla (Tarragonès). “Es un paso adelante positivo, aunque nos gustaría ir más allá, las negociaciones son las que son”, dice Fèlix Alonso, alcalde de Altafulla, uno de los municipios más activos del Pacte de Berà. “Es un buen paso, pero hay que seguir apostando por la gratuidad total de la autopista”, añade Baubí, expresando el clamor del Ebro.
En el Ebro exigen la rápida puesta en marcha del desvío de los camiones y la gratuidad de la AP-7