La Fiscalía se querella contra Jaime Botín
El posible fraude de 1 millón se produjo al comprar un avión
La sección de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid ha interpuesto una querella contra el banquero y expresidente de Bankinter Jaime Botín y otras tres personas, a los que acusa de un delito fiscal. La cuota defraudada ascendería a 1.014.298 euros.
El elemento clave del presunto delito fue un avión. La compra de la aeronave se realizó en términos que supusieron el citado perjuicio a la hacienda pública.
La Fiscalía atribuye a los querellados la creación de un entramado de empresas a través del cual deslocalizaron de manera “artificiosa” una aeronave, propiedad de Botín, en Portugal, donde no existen impuestos para este tipo de actividades, a pesar de que realmente el avión tenía su base movimientos en España, de manera especial en el aeropuerto de Torrejón.
Los fiscales consideran que por medio de dicho procedimiento los querellados evitaron hacer frente al impuesto especial sobre determinados medios de transporte (Iedmt). Esta es la cuota que ahora se les reclama en la propia querella. Se trata de la cantidad que resulta tras aplicar el tipo impositivo correspondiente teniendo en cuenta el valor de la aeronave (10.700.000 dólares).
El texto de la querella expone que en 1989 se constituyó la empresa World Tour SA, de la que Jaime Botín era propietario en su práctica totalidad. El objeto social de la firma era la compraventa y tenencia de valores y demás derechos, “así como de bienes inmuebles”. El escrito añade que los principales activos de la empresa eran el 66,67% de las acciones de la sociedad Cherokee Bay, domiciliada en Jersey valoradas en más de 25 millones de euros y del 99,99 por ciento de las participaciones sociales de World Tour Portugal, LDA, valoradas en 10,5 millones de euros.
En el 2012 la sociedad World Tour SA, a través una de las personas querelladas, firmó un contrato de compra con la compañía estadounidense Cessna Aircrfat Company de un avión por un precio total de 10.700.000 dólares “y que se destinó con carácter principal a cubrir las necesidades de desplazamientos de Jaime Botín Sainz de Sautuola y su círculo familiar y social con base de operaciones en Madrid”. El contrato establecía que la aeronave debía de disponer de certificación comercial expedida en España.
Dado que la matriculación del avión estaba sujeta en España al mencionado impuesto especial, la legislación implicaba la obligación de World Tour SA. de liquidarlo e ingresar a Hacienda la cantidad de 1.014.298 euros. Ese fue el motivo, según la Fiscalía, de que los querellados decidieran deslocalizar “de forma artificiosa” la matriculación de la aeronave a Portugal, “donde no existe un impuesto similar”.