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Las consecuencias de la huelga del taxi, y la creación de nuevos puestos de trabajo gracias al periodo turístico.
LA huelga de taxistas convocada para ayer en las principales ciudades españolas obtuvo un notable seguimiento, especialmente en Madrid y en Barcelona, donde la movilización masiva de coches logró colapsar el centro de las ciudades. La falta de respuesta gubernamental a la cada día mayor presencia de vehículos de transporte con conductor (VTC) ha llevado al sector del taxi a radicalizar su protesta y ayer provocó el caos en el aeropuerto de Barcelona, en el puerto y en la estación de Sants, donde turistas y ciudadanos que empezaban o acababan sus vacaciones se convirtieron en las víctimas involuntarias del paro.
Aunque la convocatoria de la huelga no fue secundada por todo el sector –ni la mayoritaria Fedetaxi, en España, ni la STAC en Barcelona se sumaron a la protesta–, lo cierto es que los convocantes lograron que sus reivindicaciones se hicieran presentes en muchos puntos neurálgicos de las ciudades, bien por la ausencia de ese servicio público vital, bien por las manifestaciones de taxis que recorrieron las calles a marcha lenta y dificultaron el normal desarrollo de la vida ciudadana. Pero lo peor fue lo ocurrido en aeropuertos y estaciones centrales de ferrocarril donde centenares de ciudadanos se vieron muy perjudicados por la protesta. En el caso del aeropuerto de El Prat, los viajeros se toparon además con las largas colas –de hasta dos horas– formadas ante los controles de seguridad por cuarta jornada consecutiva por la protesta de los trabajadores de una empresa privada de seguridad.
El derecho a la huelga de los trabajadores es básico en las sociedades democráticas y debe seguir siéndolo. La cuestión que se plantea cada vez con más frecuencia es hasta qué punto ese derecho colisiona con los de los ciudadanos cuando quienes lo ejercen son trabajadores de servicios públicos. Sus movilizaciones afectan directamente a personas que poco o nada tienen que ver con el conflicto. Por la especificidad de este tipo de problemas, que causan en ocasiones graves disfunciones en la vida ciudadana –como ocurrió ayer–, acostumbran a alargarse en el tiempo, como ha sido el caso de la huelga del metro de Barcelona, que finalmente quedó ayer desconvocada tras doce lunes de paros. Además, tratándose de servicios públicos, los convocantes suelen hacerlos coincidir con fechas en las que su función es más necesaria: días de cambio vacacional, de llegada o salida de turistas, congresos masivos como el Mobile World Congress, grandes acontecimientos... lo que tiene unos efectos perversos.
¿Puede tolerarse que una parte de la ciudadanía quede poco menos que secuestrada por los intereses, por muy legítimos que sean, de cualquier sector, y aún menos si es un servicio público? Lo ocurrido ayer con la huelga del taxi es inaceptable porque castigó a ciudadanos que nada tenían que ver con el conflicto. Y las autoridades deben velar para que eso no ocurra y, si pasa, deben tratar de amortiguar sus efectos. Hay que exigir mesura a los trabajadores y premura a las autoridades responsables, tanto en tratar de resolver los conflictos como en su previsión.
Sorprende que, ante la masiva movilización de taxis de ayer en Barcelona, el Ayuntamiento no ordenara actuar a la Guardia Urbana para evitar los colapsos provocados.