Golpe al decreto sobre el valenciano en la escuela
El TSJV anula una parte de la norma de plurilingüismo
La nueva política educativa del Ejecutivo de Ximo Puig para potenciar el valenciano en la enseñanza no universitaria recibió ayer un duro golpe. El Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) declaró ayer la nulidad parcial del decreto de plurilingüismo al entender que discrimina a los alumnos de enseñanza en castellano.
El Alto Tribunal entiende que la disposición quinta de este decreto clave para el Consell “discrimina a los alumnos que optan por una enseñanza mayoritariamente en castellano frente a los que eligen el valenciano como lengua vehicular, ya que estos últimos reciben más horas de docencia en inglés”.
La norma, impulsada por el conseller Vicent Marzà, de Compromís, estipulaba que los centros podían a cogerse a uno de los tres niveles del programa: básico, intermedio y avanzado. En cada nivel, se equiparaba la enseñanza del valenciano, castellano e inglés. Para, por ejemplo, lograr una certificación de nivel avanzado de inglés había que conseguirlo en valenciano y castellano.
El tribunal considera que la disposición del decreto supone “una evidente diferencia de trato entre el valenciano y el castellano que tiene una clara incidencia”. La sala apela a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, del Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y concluye que la norma “introduce esa distinción arbitraria e injustificada entre las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana (en claro agravio comparativo o desequilibrio en perjuicio del castellano) a cuenta del inglés”.
Los jueces razonan que, atendiendo a la existencia de dos lenguas cooficiales, la Administración autonómica, acreditado el déficit del valenciano, “puede promover acciones positivas para favorecerlo”, pero advierte que “han de ser proporcionadas y no deben ir en detrimento del castellano”.
La resolución añade que la diferencia entre la acreditación del inglés en los niveles básico, intermedio y avanzado “no se fundamenta en una medida de acción positiva o de promoción del valenciano en comparación con el castellano, sino en una estrategia de atracción hacia mayor dinamización o normalización favorable al valenciano a través del ofrecimiento de mayor número de horas en inglés y la más elevada certificación de dicho idioma extranjero”.
El tribunal insiste en que la norma inflige una sanción indirecta (menos inglés y menor nivel de certificación de dicho idioma) al alumnado que desee optar por mayor presencia del castellano. La sala aprecia además que la disposición adicional controvertida “no supera el canon de constitucionalidad, puesto que la certificación diferenciada de los niveles de inglés se articula paralelamente y en función de la mayor incorporación del valenciano”.
La nulidad de la norma obligará al Ejecutivo valenciano a volver al modelo plurilingüe que implantó el PP en el 2012.
Los jueces afirman que la política del Consell discrimina a los alumnos que eligen enseñanza en castellano