La Junta ofrece asistencia jurídica a Juana Rivas, que sigue ilocalizable
El padre amenaza con denunciar a la mujer por el “secuestro” de sus dos hijos
Juana Rivas sigue en paradero desconocido tras haber abandonado junto a sus hijos, de 11 y 3 años, su domicilio de Maracena (Granada) horas antes de que se cumpliera el plazo que la justicia le había dado para que entregara los niños al padre, el ciudadano italiano Francesco Arcuri, condenado en el año 2009 por maltrato. El abogado de Arcuri amenaza con interponer una denuncia penal por “secuestro” contra Rivas, al tiempo que se ha desatado una amplísima oleada de solidaridad hacia la mujer. La Junta de Andalucía ha ofrecido asistencia jurídica a la madre.
El caso de Juana Rivas tiene una doble vertiente, judicial y emocional. Para los jueces y fiscales que han intervenido en el tema, la mujer puede haber incurrido en un delito de desobediencia, castigado con tres años de prisión, por no atender a los requerimientos para entregar a sus hijos. Las fuerzas de seguridad han buscado a Rivas y a los niños en los lugares donde creen que podrían haberse escondido, sin resultado de momento.
Adolfo Alonso, abogado del padre italiano, va más allá y se plantea denunciar a Juana Rivas por secuestro. Denuncia que el caso se ha mediatizado por el “impacto emocional” que supone, pero niega que se trate de un problema de violencia de género, sino de un “secuestro interparental de menores”. Francesco Arcuri permanece recluido en un hotel de Granada, no sale a la calle por miedo, y asegura que no se moverá hasta que pueda llevarse a los niños a Italia.
La abogada María Castillo y la asesora jurídica, Francisca Granados, circunscriben la situación a un caso de protección de menores. Ambas presentaron ayer un recurso contra la decisión de la juez de primera instancia número 3 de Granada, al tiempo que lamentan la “falta de humanidad” de la fiscal, con la que se entrevistaron el miércoles, “porque no ha querido promover la adopción de medidas de protección de los menores”.
Castillo y Granados solicitan que la fiscal y la juez tomen en consideración la recomendación incluida en el Pacto contra la Violencia de Género, que hoy será aprobado en el Congreso, para “otorgar protección a las víctimas que se hallan incursas en situaciones de sustracción internacional de menores cuyo origen sea una situación de violencia de género”.
Desde la perspectiva emocional, el caso ha despertado un notorio revuelo. En Twitter las etiquetas #JuanaEstaEnMiCasa o #TodasSomosJuana figuraron durante toda la jornada en los primeros lugares de las tendencias nacionales. La iniciativa lanzada por varias organizaciones asturianas tuvo un amplio eco de solidaridad hacia Juana Rivas, aunque también se produjeron numerosos comentarios contra la actitud de la mujer granadina, a la que se acusa de burlar la ley y secuestrar a los niños, en línea con los argumentos del representante legal del padre.
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, se ha implicado muy activamente en el caso. Díaz aseguraba en Twitter que “¿de verdad cualquiera puede creer que quitar unos hijos a su madre que los ama y está demostrando estar dispuesta a cualquier cosa es lo mejor para ellos? Soy incapaz de entenderlo”. Después anunció que la Junta ofrecerá toda la asistencia jurídica a Juana Rivas para lograr la suspensión del régimen de visitas de sus hijos.
Representantes de partidos políticos de la izquierda andaluza, como Antonio Maíllo, coordinador de IU, o Teresa Rodríguez, líder de Podemos, utilizaron también esta red social para manifestar su apoyo a Juana Rivas. Solidaridad que también expresaron diversas agrupaciones socialistas, especialmente las radicadas en la provincia de Granada.
Los representantes de la mujer piden que se aplique el Pacto contra la Violencia de Género, que hoy se aprueba