Rajoy garantiza que frenará el plan “radical catalán”
El Gobierno anuncia un recurso ante el TC contra la reforma exprés del Parlament
“No habrá un referéndum el 1 de octubre porque el Tribunal Constitucional ha dicho que es inconstitucional y por lo tanto ilegal”. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, reiteró ayer así su intención de frenar el “proyecto radical” catalán.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, abrió ayer su comparecencia de balance del curso político con el anuncio de la presentación del recurso contra la vía exprés para la convocatoria del referéndum del 1-O en Catalunya y con un discurso contundente sobre su propósito de impedir que dicha consulta tenga lugar. Rajoy dijo haber hablado con el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, para ofrecerle toda su colaboración ante el accidente ferroviario de la estación de França, sin que en la conversación aludieran en ningún momento a la tensión institucional derivada de la preparación del referéndum.
“La sociedad catalana –dijo– necesita que se la proteja de un proyecto radical y divisivo que se intenta imponer a las bravas”. Y añadió que “no habrá ningún referéndum el 1 de octubre, y no lo habrá porque el Tribunal Constitucional ha dicho claramente que es inconstitucional y por tanto ilegal”. No habrá un referéndum de autodeterminación –prosiguió con énfasis y cierta solemnidad– “porque esa pretensión también va directamente en contra de la propia arquitectura institucional que ha dado a Catalunya el mayor nivel de autogobierno de toda su historia”. Y a renglón seguido subrayó que “el Gobierno de España mantiene la determinación de defender la ley con la serenidad y con la mesura que le brindan los instrumentos de nuestro Estado de derecho”. Ayer mismo dio un importante paso más en este sentido, al presentar el mencionado recurso contra la reforma del reglamento del Parlament que permitiría aprobar por una vía rápida, sin la oportunidad de que las minorías presentaran enmiendas, las leyes de desconexión con el Estado y la convocatoria del referéndum. El pleno del TC se reunirá el próximo lunes por la tarde para decidir sobre la admisión a trámite del recurso. La admisión implicaría la suspensión automática de la reforma.
El presidente manifestó que “la única intención de esa reforma es aprobar por trámite de urgencia y sin las más elementales garantías democráticas las leyes con las que se pretende liquidar la soberanía nacional, la Constitución española y el propio Estatuto de Autonomía”. Al respecto, Rajoy se apoyó en los razonamientos expuestos en el dictamen elaborado por el Consejo de Estado, en el que avala la presentación del recurso. Citó, en este sentido, que con la mencionada reforma “se puede estar vulnerando el derecho de participación política de la minoría parlamentaria en las condiciones de igualdad que garantiza nuestro ordenamiento jurídico”.
Con la decisión de recurrir la reforma del reglamento del Parlament, el Gobierno –añadió Rajoy– “cumple su obligación de velar por la legalidad, pero también defiende las instituciones autonómicas catalanas y a sus funcionarios, que no pueden ser utilizadas al servicio de una actuación abiertamente contraria a derecho”. Rajoy subrayó que la sociedad catalana “es muy plural” y como ejemplo de ello citó la postura de Foment del Treball, al solicitar al Govern “que renuncie a sus planes rupturistas”, y mencionó al letrado mayor del Parlament, quien “se ha expresado recientemente con claridad contra el proceso”. Hechos como estos “demuestran –dijo– que el conjunto de la sociedad catalana es muy plural y de talante muy moderado”.
El presidente del Gobierno aseguró en más de una ocasión, durante su declaración inicial y a lo largo de su comparecencia, que mantiene su voluntad de diálogo. “Siempre –dijo– he estado dispuesto a dialogar sobre la mejor manera de colaborar con las instituciones de Catalunya”. Y subrayó que “esa disposición la reitero hoy”. Pero añadió que “nadie puede pretender” es “que negocie la ruptura de una Constitución que no es patrimonio mío, ni del Gobierno, ni siquiera del Parlamento, sino que lo es del conjunto de todos los españoles”.
Rajoy afirmó que su disposición a dialogar tiene el límite del respeto a la legalidad. En este sentido, advirtió contra los anuncios de incumplimiento de la ley desde el ámbito soberanista. “Ningún Gobierno –afirmó– puede decirle a los ciudadanos que se va a saltar la ley. Eso es una muestra de radicalismo, es una exageración. Eso no puede ocurrir en un país democrático y civilizado”. Si un Gobierno se salta la ley, “¿con qué autoridad –dijo– puede pedirle a los ciudadanos que la cumplan?”. Y en este punto insistió: “Como presidente tengo algunas obligaciones, y una de ellas es impedir que se celebre un referéndum que priva al conjunto de los españoles del derecho a decidir sobre su país”.
EL OFRECIMIENTO El presidente se dice dispuesto a dialogar, pero exige “que se cumpla la ley” LA IMPUGNACIÓN El Constitucional se reunirá de urgencia el lunes para admitir el recurso