Primera condena del 3%
Siete personas han sido condenadas por licitaciones ilegales de la empresa Adigsa.
El primer caso de comisiones a cambio de la concesión de obra pública en Catalunya, el famoso 3%, ya tiene sentencia. La Audiencia de Barcelona ha condenado a siete personas a penas que van desde los dos a los cuatro años por licitaciones ilegales en la empresa Adigsa, que gestionaba la vivienda pública en Catalunya durante el gobierno de CDC. Entre ellos hay tres excargos de la compañía, incluido el que fuera consejero delegado.
Pasqual Maragall, entonces presidente de la Generalitat, abrió la caja de Pandora en un pleno en el Parlament de Catalunya el 24 de febrero del 2004, cuando le espetó al que era el jefe de la oposición, Artur Mas: “Ustedes tienen un problema, y este problema se llama 3%”. Un año después, un pequeño industrial de la construcción admitió en la Fiscalía que había pagado comisiones a cambio de que la adjudicaran contratos en Adigsa. Así se inició este largo proceso, del cual ahora hay una primera sentencia, que es recurrible ante el Tribunal Supremo.
El pasado mes de mayo se celebró el juicio tras un largo recorrido por los juzgados y por el Tribunal Superior de Justícia. En el banquillo de los acusados de la sección 22 de la Audiencia de Barcelona se sentaron siete personas; tres eran cargos de Adigsa, Josep Antoni Fondevila (exconsejero delegado), Jordi Huguet y Xavier Sala; otro era el intermediario, Josep Maria Penín, y los tres restantes eran pequeños empresarios de la construcción, Juan Antonio Salguero (el denunciante), Jordi Honrubia y Ángel Egido. La vista se inició con el reconocimiento previo de los hechos por parte de seis, que aceptaron las penas solicitadas por la Fiscalía. Únicamente Salguero no se avino a pactar.
La Audiencia los ha condenado por prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad. Las penas suman desde los cuatro años de Huguet, a los tres años y nueve meses para Fondevila o los dos para Salguero y Penín. Es la suma, pero como ninguna por delito supera los dos años no tienen porqué suponer el ingreso en prisión.
Adigsa operaba en dos ámbitos. Uno, con la promoción de nueva vivienda; la otra, comprando pisos de segunda mano y rehabilitándolos; en ambos casos, con carácter social. Según la sentencia, Fondevila impuso a “una persona ajena a la empresa” como técnico externo a la que incluyó “de forma arbitraria” en la tasación de obras. Era Penín, que era familiar lejano del entonces conseller Felip Puig. Primero le adjudicó un sueldo mensual de entre 3.000 y 4.000 euros. Luego, se le encargó de buscar contratistas privados, a los que adjudicaban obras de acuerdo con los cargos de la sociedad, falsificando los expedientes de adjudicación a cambio de comisiones que iban del 15% al 20%.
Así se tramitaron 22 expedientes correspondientes a 34 obras del llamado Pla Jove, en diversas localidades de Catalunya. Según la sentencia, algunos trabajos fueron deficientes, de tal guisa que fue preciso volverlos a realizar. Incluso se llegaron a adjudicar contratos en 24 viviendas que ni siquiera habían sido compradas aún por Adigsa.
La sentencia señala que se pagaron mordidas de entre el 15% y el 20% por remodelación de viviendas