Venezuela, el choque definitivo
Venezuela es un país en guerra que sufre los estragos propios de una devastación: anarquía política, caos económico, escasez de alimentos y medicinas, pobreza extrema en más de la mitad de la población y delincuencia desbocada. Un solo dato extraído de la última encuesta sobre las condiciones de vida (Encovi 2016) lo explica casi todo: el 73% de la población ha perdido una media de 8,7 kilos de peso porque no puede comprar comida. O es muy cara o no se encuentra.
El socialismo del siglo XXI es un fracaso comparable con el Gran Salto Adelante de Mao y otros experimentos socioeconómicos de los regímenes comunistas. Durante 17 años, Venezuela, que posee las mayores reservas de petróleo del mundo, ha ingresado un billón de dólares con la exportación de hidrocarburos. Aún así, durante este mismo periodo el régimen chavista ha sido incapaz de cuadrar un presupuesto. Los déficits se han acumulado porque el único objetivo del Estado era redistribuir la riqueza y crear puestos de trabajo, medidas populistas a corto plazo que dinamitaron la estructura productiva. Ni siquiera en 2014, con el barril de petróleo todavía a 100 dólares, Venezuela fue capaz de conseguir un superávit. Imaginen el déficit que se acumula hoy, cuando el barril ronda los 44 dólares y el Estado se resiste a modificar la política económica, el control de precios y la distribución de alimentos, la nacionalización de las fábricas y la agricultura. El FMI vaticina que el año cerrará con una inflación del 1.600 %.
El régimen es incompetente y está corrompido. Venezuela es el país más corrupto de América según el último índice de Transparencia Internacional. El narcotráfico lo utiliza para alcanzar los mercados de Europa y Estados Unidos. Los cárteles operan con la ayuda o connivencia de políticos y militares. Dos sobrinos del presidente Nicolás Maduro, condenados el año pasado en EE.UU. por tráfico de dro- gas, aseguran que el chavismo controla el negocio.
Hace cuatro años, después de la muerte de Hugo Chávez, Maduro tuvo la oportunidad de cambiar el rumbo, desvincularse de Cuba y la vieja guardia chavista, abrirse a unas reformas que devolvieran a la población el bienestar que se prometió en 1999, cuando Chávez ganó las elecciones a lomos del profundo malestar que había generado la desigualdad. Argentina, Brasil, Chile, Perú, México y Nicaragua eran países que también optaron por gobiernos de izquierda para superar las mismas desigualdades sociales y económicas.
Chávez puso en marcha el populismo antielitista que luego también se hizo con el poder en Bolivia, Ecuador y Nicaragua. De estos cuatro países el que peor lo ha hecho ha sido Venezuela. Bolivia también depende de los hidrocarburos y los minerales, una economía extractiva que ha permitido a su gobierno equilibrar el presupuesto y tener superávits al tiempo que se han puesto en marcha importantes políticas redistributivas.
Maduro, sin embargo, es un incompetente sin más salida que el autoritarismo. No hay libertad de expresión. El régimen encarcela a los rivales políticos, controla la justicia, el sistema electoral y los recursos del Estado, que utiliza para su propio beneficio. Incluso la Fiscalía General lo acusa de violar los derechos humanos, de torturar a los detenidos, de un uso excesivo de la fuerza para reprimir las manifestaciones que se suceden desde hace cuatro meses con un balance de 114 muertos y 1.900 heridos. El Gobierno ha prohibido las protestas hasta el martes y los que ocupen las calles se enfrentan a penas de cárcel que oscilan entre los cinco y los diez años.
El pragmatismo ha fracasado y cuando esto sucede –en Venezuela y cualquier otro lugar del mundo– la radicalización se dispara, la violencia verbal se convierte en física, hablan las armas, gana quien más capacidad de fuego tiene.
La oposición tendría una oportunidad si estuviera unida, si hubiera sido capaz de sumar a los más pobres. Pero no lo ha conseguido. La lucha es una lucha de clases. A pesar de la carestía, las clases más populares recelan de un movimiento democrático que controlan las clases medias. Prefieren el chavismo. Nadie se había ocupado de ellos hasta que llegó Chávez. No olvidan las ayudas recibidas, las viviendas nuevas, los electrodomésticos chinos.
Maduro utiliza a estos camisas rojas para justificar el autoritarismo. Emulando a Chávez, dice que también él es un instrumento del pueblo y está decidido a convertir Venezuela en una nueva Cuba. El pasado octubre canceló el referéndum revocatorio que, seguramente, le hubiera apartado del poder, y tampoco convocó las elecciones locales. Un año antes, en diciembre del 2015, después de perder las legislativas pero antes de que los diputados de la oposición tomaran las riendas de la Asamblea Nacional, colocó a trece jueces chavistas en el Tribunal Supremo. Estos magistrados, el pasado mes de marzo, intentaron vaciar de poder a la Asamblea. La presión internacional, sin embargo, obligó a Maduro a rectificar. Un paso atrás que ahora va a superar con una Asamblea Constituyente. Las elecciones son mañana y el triunfo del chavismo está garantizado. A partir del 3 de agosto, los delegados redactarán una nueva Constitución y Venezuela dejará de ser un Estado democrático.
Es la hora cero, el choque definitivo. Una parte de la oposición opta por mantener la unidad y minimizar el conflicto a la espera de que la comunidad internacional imponga una salida política. Otra parte, sin embargo, habla de guarimbas, que son acciones violentas y sabotajes, un órdago a las fuerzas del orden que este fin de semana aún provocará más muertos. Es triste pero temo que estos jóvenes antichavistas llevan las de perder.
El pragmatismo ha fracasado y cuando esto sucede la radicalización se dispara