El Govern denuncia a la Guardia Civil por “obstrucción a la justicia”
El ministro Zoido pide a la Generalitat responsabilidad y colaboración
El Govern sigue tensando la cuerda en su disputa con el Gobierno central por el referéndum independentista y apunta ahora a la Guardia Civil. Los servicios jurídicos de la Generalitat presentaron ayer una denuncia en el juzgado de guardia contra los agentes del Instituto Armado que, en su función de policía judicial, están investigando la participación de altos cargos del Ejecutivo de Carles Puigdemont en los preparativos del 1-0.
Los partidos de la oposición restaron valor a esta denuncia, y Ciutadans la tachó de “perfomance”, ya que no cree que tenga recorrido jurídico. Mientras, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, apeló a la responsabilidad y a la colaboración institucional, al tiempo que defendió sin matices la actuación de la Benemérita. “La Guardia Civil hace su trabajo de forma ejemplar y sólo busca que se cumpla la ley. Hay que colaborar no obstruir”, escribió en su cuenta de Twitter.
La denuncia registrada por el Govern sostiene que en los interrogatorios de los altos cargos –el secretario general de Presidència, La CUP llama a protestar el lunes ante el cuartel de la Guardia Civil en Travessera de Gràcia Joaquim Nin, y el director de Comunicación de la Generalitat, Jaume Clotet, han sido imputados–, podrían haberse cometido cinco delitos: el de obstrucción a la justicia, ya que los agentes, según una nota del departamento de Presidència, “habrían tratado de influir en la declaración de los testigos acusándoles insistentemente durante el interrogatorio de mentir y de los graves perjuicios que les podría comportar”; el delito de usurpación de atribuciones y de falsedad de documento, por considerar que los agentes se habrían “autoatribuido ante los declarantes la condición de comisionados del titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona” a “solicitud de éste”; el delito de violación de secretos, porque “ciertos medios de comunicación han tenido conocimiento de la citación y el motivo por el que tenían que declarar los testigos”, y, finalmente, un delito contra los “derechos fundamentales” porque, según los servicios jurídicos de la Generalitat, los agentes “habrían violado el derecho fundamental a la defensa al retrasar el otorgamiento de la condición de investigados e impedirles el pleno ejercicio del derecho de defensa desde un primer momento”.
El conseller de Presidència, Jordi Turull, avanzó en su cuenta de Twitter la decisión del Govern. “Hemos presentado denuncia contra los responsables de los interrogatorios de la Guardia Civil por el Pacto por el Referéndum. ¡Defendamos la democracia!”, escribió. Pocas horas antes, la CUP anunció una concentración, para el próximo lunes, ante el cuartel de la Guardia Civil de la Travessera de Gràcia, bajo el lema: “No fareu callar la veu d’un poble”.
El ministro Zoido también replicó a esta convocatoria de los antisistema. “No se puede intimidar a quienes nos protegen. Alentar estas protestas desde un partido político con responsabilidades de gobierno es muy peligroso”, declaró.
La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) pidió ayer a los Mossos d’Esquadra “una protección y un despliegue acorde a las amenazas” que se podrían producir durante la manifestación que la CUP. Cabe recordar que hace una semanas ya aparecieron pintadas amenazantes delante de este cuartel.
Por su parte, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, afirmó ayer que el Estado “sabe que el 2-0 necesitará nuevos interlocutores para implementar el resultado del referéndum”. En su intervención en la escuela de verano de la JNC, el president auguró que las cosas “cambiaran mucho” en los próximos meses y, en este sentido, destacó que quien “tendrá un problema” tras el referéndum no será Catalunya sino la “política española”.
Puigdemont asegura que, tras el referéndum, España “deberá cambiar los interlocutores”