La subestimación del Estado

Se nos advierte que no subestimemos fuera de Catalunya la capacidad de movilización, la energía y la determinación del secesionismo. Es una advertencia oportuna y relativizar o, peor aún, banalizar lo que aquí ocurre suponiendo que se trata de una tormenta en una vaso de agua resultaría gravemente irresponsable. Estamos ya instalados en la peor crisis constitucional tras el 23 de febrero de 1981 y se ciernen sobre lo que pueda ocurrir el próximo otoño los peores augurios. El president de la Generalitat se ha encargado de llegar al inminente mes de agosto provisto de un equipo cohesionado en la radicalidad de su determinación y pertrechado con un discurso hermético y de metálica contestación al sistema constitucional al que abiertamente desafía.

La lectura del análisis del letrado mayor del Parlament de Catalunya, Antoni Bayona –un texto técnicamente desvestido de cualquier visceralidad y fríamente jurídico– publicado en la Revista Catalana de Dret Públic bajo el título de “El futuro político de Catalunya: el papel del Parlament”, sirve para dimensionar el grado de profundidad y de grosera infracción de la legalidad constitucional en el que incurre el proceso soberanista y que, a la postre, le llevará al fracaso. Los objetivos del Govern son temerarios en la misma medida en que desconocen la sensatez del discurso más elemental de las democracias occidentales que es el que formuló el pasado domingo el político quebequés, Stéphane Dion, en el diario El País: “La democracia –dijo– y el principio de legalidad son inseparables”.

Son tan inseparables que el Estado democrático no puede permitir que se bifurquen. Tampoco el español. En determinados sectores catalanes y desde tiempo inmemorial se mantiene una actitud displicente hacia las capacidades del Estado español que estaría siempre renqueante, sería habitualmente ineficaz, presentaría fisuras y, en definitiva, no podría compararse con otros estandarizados en las mejores variables. Esta subestimación del Estado por el secesionismo es la que lleva a declaraciones como las de Puigdemont según las cuales no aceptará la suspensión de sus funciones –si llegara a producirse– dictada por el TC, o las afirmaciones constantes, suyas y de sus consellers, de que, sí o sí, el referéndum ilegal se celebrará.

Aunque hasta el momento no se haya firmado y publicado ninguna decisión ejecutiva sobre la consulta, el Estado ha puesto en marcha una hilera de medidas, de aplicación simultánea y sucesiva, que hará impracticable el referéndum. Ha impulsado procesos penales a instancias del fiscal y obtenido ya inhabilitaciones que se están cumpliendo –véase el caso de Francesc Homs–; el Tribunal de Cuentas instruye un expediente para exigir la responsabilidad contable de Mas y tres de sus consellers por los gastos en los que se incurrió el 9-N del 2014, esperándose una pronta resolución que podría conllevar el embargo de bienes de los encausados. Hacienda ha logrado ya una estricta fiscalización de los recursos públicos catalanes para que en ningún caso se destinen a sufragar los pagos que requeriría la organización de la consulta y, en general, todos los departamentos del Gobierno extreman la vigilancia sobre la actuación de la Generalitat sin recurrir ni al artículo 155 de la Constitución ni a otras medidas excepcionales. El Estado se comporta como una maquinaria muchas veces lenta pero imparable. E impone una lógica de observancia de las normas que absorbe los comportamientos díscolos que, si devienen en insurreccionales, apelan al ejercicio de la fuerza legítima que el presidente del Gobierno, con buen criterio, quiere evitar.

El secesionismo no sólo no debe seguir cayendo en su propia trampa de subestimar al Estado español sino que tampoco debería incurrir en una visión cegata sobre la diversidad de la ciudadanía catalana. Negarla es tan grave como desafiar al Estado cuando se carece de razón legal y de apoyo internacional. Las elecciones del 27 de septiembre del 2015 –plebiscitarias según el Govern– no avalaron las tesis independentistas sino que propiciaron un Parlament con una justa mayoría absoluta de los partidos favorables a la secesión. Confundir el deseo de un referéndum con una adhesión mayoritaria a la independencia es otro de los trampantojos de la situación en Catalunya.

El estudio de Metroscopia correspondiente al mes de julio detecta, sí, una transversal sensación de agravio por parte de los catalanes, pero al mismo tiempo también que 1) el 67% considera inaceptable el procedimiento que se va a seguir para aprobar las leyes de la “desconexión”, 2) el 57% se declara contrario a una declaración unilateral de independencia y 3) el 59% considera inaceptable que pueda bastar, si se celebra el referéndum, con una victoria mínima, para declarar la independencia en menos de 48 horas. La conclusión del informe es que “no puede así extrañar que entre la ciudadanía predomine de forma clara más la preocupación que la ilusión y la impresión de que el proceso soberanista no está en buen momento”.

La fractura interna en Catalunya –aunque algunos la nieguen– reclama una introspección de los propios catalanes y de sus instituciones para tratar de valorar los daños generales de continuar por la vía de hecho –antijurídica y antidemocrática– del proceso soberanista. Un proceso precario que, por serlo, ha propiciado la deriva autoritaria de la Generalitat erosionando al Parlament que se está poniendo al servicio de una causa de parte con prácticas –como la reforma impugnada de su reglamento para la aprobación fulminante de la aparente nueva legalidad catalana– que pasarán factura a los que las prescriben. Mientras se produce –o no– esa reflexión, el Estado ha de seguir tratando de impedir con el menor coste posible el referéndum, y el Gobierno y los partidos políticos diseñando una solución política y constitucional para la Catalunya del 2 de octubre del 2017.

El Estado se comporta como una maquinaria imparable e impone una observancia de las normas que absorbe los comportamientos

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